La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado definitivamente la querella de la Fiscalía contra los tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, alias El Negro, quien posteriormente se fugó.
En un auto notificado hoy, la Sala del Supremo confirma la decisión del instructor de sobreseer las actuaciones por el delito de prevaricación que la Fiscalía y la acusación, cuyos recursos han sido desestimados, imputaban a los jueces Carlos Ollero, Juan José López Ortega y Carlos Cezón.
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La resolución explica que para excarcelar a El Negro los magistrados se basaron en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación "no depende de la comprobación de un hecho, sino de la formulación de un pronóstico -a partir de los hechos- sobre el comportamiento futuro de una persona".
Informe psiquátrico
La Sala de lo Penal del Supremo afirma además que los magistrados se basaron, para la excarcelación, en un informe psiquiátrico elaborado por el psiquiatra de la prisión de Valdemoro que alertaba de la posibilidad de suicidio de El Negro.
Según el Supremo se puede "dudar de lo acertado" de la conclusión de los magistrados en lo referente a la excarcelación "como mejor medio de eludir el peligro de suicidio. Pero, lo cierto es que, ante el conflicto de bienes que tenían que resolver y ante la necesidad de aplicar una norma que deja abierta la solución, no resulta posible considerar injusta una resolución que opta por asumir un riesgo para salvar el bien más importante de los que están en conflicto".
Error de valoración
A pesar de confirmar el archivo definitivo de la querella, el Supremo cree que la resolución de los magistrados de la Audiencia Nacional supuso un error de valoración ya que dedujeron del informe médico que la excarcelación supondría la "neutralización del riesgo de fuga".
De ahí que el Supremo coincida con el instructor de la querella al considerar que los jueces de la Audiencia cometieron un error de valoración, si bien no lo hicieron "voluntariamente", por lo que cabe excluir el dolo en su decisión y concluir el archivo de las actuaciones.
Paralelamente a la querella se tramita un expediente disciplinario contra los tres magistrados, en el que el instructor ha propuesto siete meses de suspensión por una falta muy grave de desatención al dictar una resolución.