Las declaraciones del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, han desatado una airada respuesta tanto en el PSOE como en los Gobierno de Castilla-La Mancha y Extremadura, dos de las tres comunidades afectadas por el fraude del lino. El portavoz del Ejecutivo castellano- manchego, Emiliano García-Page, ha asegurado que es "literalmente imposible y de una caradura increíble" pretender que las Comunidades Autónomas paguen la sanción impuesta por la Unión Europea.
García-Page asegura que el castigo de la Comisión Europea demuestra que hubo un "fraude generalizado" y ha defendido la gestión del presidente José Bono frente a las críticas recibidas en el control de las ayudas al sector.
"Muchos altos cargos del Partido Popular han quedado ahora con las vergüenzas al aire", ha dicho García-Page, quien ha advertido que si ya hay un fraude "lo que no puede hacer el Ministerio es otro fraude manipulando la información e intentando trasladar la responsabilidad a las Comunidades Autónomas. Sería como echarle la culpa a la Guardia Civil por descubrir a un ladrón".
En un tono similar, el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha afirmado esta mañana en Trujillo (Cáceres) que espera que tras la demanda de Bruselas "no paguen justos por pecadores". Según Ibarra, el Gobierno está "eludiendo responsabilidades" en este caso ya que en su día, y a través del director general, el Ejecutivo les pidió que "pagasen y no se preocuparan de nada más".