La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha presentado un recurso contra la libertad del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga porque "todavía hoy sigue justificando los atroces delitos que cometió", según han informado fuentes jurídicas. Ostoaga, condenado a 298 años, salió de la cárcel después de que la juez Ruth Alonso le concediera el tercer grado tras haber cumplido ocho años de su pena.
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En el escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Bilbao, el fiscal dice que Ostoaga "es un interno que todavía hoy sigue justificando los atroces delitos que cometió. Delitos que, según consta en autos, fueron: seis asesinatos, estragos, detención ilegal, daños y utilización ilegítima de vehículos de motor".
El recurso añade que quien justifica tales actos "y no se arrepiente de ellos, no debe ser beneficiario de una progresión a tercer grado de tratamiento penitenciario (...) pues es obvio que este interno no ha tenido una evolución positiva en sus planteamientos personales respecto a los delitos por él cometidos".
El pasado abril, Ostoaga pidió a la Junta de Tratamiento de Nanclares su paso al tercer grado (semilibertad), que fue rechazado por unanimidad. El preso recurrió a la juez de Vigilancia, quien pidió informes a la cárcel. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que todos los informes fueron negativos, ya que, se decía, Ostoaga "no se desmarca de su grupo de referencia' [ETA], participó en dos huelgas de hambre este año y en sus peticiones se autocalificaba como 'preso político vasco".
Además, la Fiscalía general del Estado ha presentado otro recurso contra la concesión de tercer grado otorgada al también etarra José Ramón Basauri, que fue anunciada ayer. En total son ya 16 los recursos interpuestos a resoluciones de esta magistrada, 15 de ellos por decisiones sobre etarras condenados por terrorismo.
Nuevo juzgado
Por otra parte, el Gobierno ha iniciado hoy los trámites para la aprobación por el procedimiento de urgencia de una Ley por la que se cree un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, a fin de unificar los criterios en el control de la ejecución de las penas para delitos graves como el terrorismo.
En concreto, el Consejo de Ministros ha acordado hoy remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía el anteproyecto de ley orgánica que modifica la Ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Mariano Rajoy.