El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco ha dado un plazo "improrrogable" de 20 horas a la policía para que presente el análisis de la sustancia que le fue decomisada a los 16 presuntos miembros del grupo salafista que se encuentran en prisión tras su detención el 24 de enero en Cataluña. De no recibir el informe en ese plazo, la mayoría de los 16 detenidos, a los que se imputa un delito de terrorismo, serán puestos en libertad por falta de pruebas.
Ruiz Polanco ha realizado hoy esta petición a instancias del fiscal Jesús Alonso en un escrito remitido a la Unidad Central de Información de la policía (UCI), a la que insta a presentar el informe antes de las 09.00 horas de mañana. Ruiz Polanco ya dio la pasada semana un primer plazo, que acabó ayer martes, y, al recibir esta solicitud, la policía informó de que la sustancia había sido remitida al Ejército para su análisis.
Cuando los 16 presuntos miembros del Grupo de Partidarios de la Corriente Salafista (DHDS) comparecieron ante Ruiz Polanco el pasado 26 de enero, todos ellos negaron estar relacionados con Al Qaeda. Sobre la sustancia incautada, su propietario aseguró que se trataba de detergente. Ruiz Polanco, a petición del fiscal, decidió ordenar su ingreso en prisión basándose en los indicios que contra ellos aportaba una petición de ayuda judicial que cursaron a España las autoridades francesas. En ella se aportan identidades o descripción de los 16 detenidos, a los que las autoridades francesas acusan de haberse reunido con los presuntos autores del plan para atacar la catedral de Estrasburgo, desbaratado en diciembre de 2000.
'Operación Lago'
Tras las detenciones en la llamada operación Lago, el Ministerio del Interior explicó que la supuesta red de apoyo a Al Qaeda estaba dividida en dos grupos, uno radicado en Barcelona y dirigido por el argelino Mohamed Tahraqui y otro en Bañolas y que tenía como cabecilla al también argelino Bard Eddin Ferdji, detenido en Olot. La policía les acusa de proporcionar información e infraestructura a otros grupos terroristas islámicos y de disponer de explosivos y productos químicos.
Fuentes jurídicas han indicado que, de ser finalmente excarcelados, al no confirmarse su pertenencia o colaboración con un grupo terrorista, algunos de ellos tendrían que ser puestos a disposición de los correspondientes juzgados ordinarios de Cataluña por delitos de falsificación y estafa.