La Oficina Francesa de Investigación de Accidentes Marítimos (BEA-mer), dependiente de la Secretaría de Estado de Transportes del Gobierno francés, considera que "el mantenimiento del Prestige en el mar en condiciones delicadas tras su avería inicial", decisión tomada por las autoridades españolas, es una de las causas que provocaron su naufragio y la posterior catástrofe ecológica.
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Esta conclusión es parte de una "investigación técnica" iniciada por el BEA-mer el pasado 31 de diciembre "para establecer las circunstancias y buscar las causas para poder extraer conclusiones que mejoren la seguridad marítima". Este organismo señala que las autoridades de Bahamas y España concernidas "han sido informadas del desarrollo de las investigaciones".
El informe añade otras causas que influyeron en el naufragio del petrolero, como "una debilidad estructural del buque, sus sucesivas reparaciones, un esfuerzo excesivo en el trayecto dadas sus características o la avería inicial". El texto concluye con varias recomendaciones destinadas a evitar que un hecho similar pueda volver a ocurrir. Entre ellas, el estudio aconseja aumentar la seguridad de los buques que transportan petróleo y no utilizar navíos de casco simple.
Además, pide a los Estados implicados y a la Comisión Europea que "controlen a todos los navíos que transporten fuel" y que tomen "todas las medidas necesarias para protegerse de las consecuencias de eventuales accidentes" de este tipo, asunto que propone confiar "a la nueva Agencia Europea de Seguridad Marítima".
Medidas
De hecho, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva que establece sanciones penales contra los responsables, por intención o negligencia grave, de vertidos marítimos ilegales lanzados desde barcos, e introduce penas de prisión para los casos más graves. Ésta tipifica como "infracción penal" todo tipo de vertidos marítimos ilegales -hidrocarburos, productos químicos u otras sustancias- realizados desde embarcaciones, incluidas "mareas negras de largo alcance" como la ocasionada por el Prestige.
Asimismo, establece que la contaminación marina procedente de buques constituye un delito penal y propone sanciones penales a toda persona y sociedades de clasificación que sean declarados autores "de un hecho de contaminación ilegal o participantes en el mismo, ya sea deliberadamente o por negligencia grave".