El Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos del PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista las enmiendas a la totalidad contra el Proyecto de Ley de endurecimiento de penas para los terroristas planteadas por Izquierda Unida, PNV y cuatro partidos del Grupo Mixto (BNG, ERC, EA e IC). Los representantes de CiU se han abstenido, al discrepar del aumento de la pena máxima a 40 años de prisión.
Seis partidos de la oposición, IU, PNV, EA, BNG, IC y ERC, habían pedido la retirada del texto por considerar que vulnera el principio de reinserción de los presos y que no será eficaz. La Cámara Baja ha dado así luz verde a la tramitación.
El ministro de Justicia, José María Michavila, ha defendido el proyecto en el Congreso y ha aludido a Izquierda Unida y al Partido Nacionalista Vasco al apuntar que los opositores a esta reforma son "los mismos" que rechazaron calificar de terrorismo la kale borroka y no apoyaron la nueva Ley de Partidos Políticos.
Por parte del PSOE, Juan Fernando López Aguilar ha rechazado las enmiendas a la totalidad al considerar que la resignación no es la solución al terrorismo. Ha defendido también la plena constitucionalidad, utilidad y eficacia del proyecto, si bien ha criticado del Gobierno su "lenguaje bravucón y altisonante" en cuanto al tema de seguridad.
40 años
Los portavoces de los grupos que plantearon las enmiendas han coincidido en tachar la reforma de "oportunista", "electoralista", "inconstitucional", "innecesaria", "ineficaz" y "regresiva", y han solicitado al ministro que no confundiera su postura con un apoyo al terrorismo, sino como una defensa de otras fórmulas para combatirlo. Según estas formaciones, las nuevas medidas no tendrán efectos disuasorios en los terroristas.
La reforma, fraguada en el marco del Pacto Antiterrorista de PP y PSOE, prolonga hasta los 40 años el límite máximo de cumplimiento de condenas y condiciona los beneficios penitenciarios a la desvinculación expresa de la violencia, para lo que es fundamental facilitar información sobre ETA. Asimismo, establece que en los delitos de terrorismo, el tercer grado sólo podrá concederse cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de la condena, y la libertad condicional, cuando reste una octava parte.