La Sala de Vacaciones de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido no admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que la Fiscalía ha presentado hoy mismo contra la decisión de la Consejería de Interior vasca de permitir la manifestación de mañana en Bilbao contra el "apartheid" y en defensa de la autodeterminación. El Fiscal había presentado esta misma tarde el recurso al entender un "grave riesgo de alteraciones de orden público". La manifestación fue autorizada ayer por el titular de Interior, Javier Balza, invocando los "criterios" fijados por recientes sentencias del TSJPV, en especial la autorización de una marcha en San Sebastián que fue prohibida por Interior y que acabó deviniendo en un acto de apoyo a ETA, quema de bandera española incluida.
Según una nota pública del alto tribunal vasco, la resolución se funda en que "el Ministerio Fiscal no está legitimado para interponer dicho recurso" y en que "no existe actividad administrativa que pueda ser objeto de impugnación". Según fuentes jurídicas, contra este auto cabe recurso ante el Constitucional, si bien no tendría efectos sobre la convocatoria de mañana.
La Fiscalía requería al departamento de Balza que prohibiese la manifestación, que coincide con el Día Grande de las fiestas de Bilbao, ya que considera acreditado que, de permitirse la manifestación, hay "grave riesgo de alteraciones de orden publico", la "segura comisión de delitos", la "vulneración de otros derechos de los ciudadanos" y la "alteración de la paz social", según fuentes jurídicas.
Como prueba, la Fiscalía presentaba "la entusiasta invitación" de líderes de la disuelta Batasuna a participar en ese acto, en alusión a Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Sozialista Abertzaleak, y, además, los más recientes ejemplos de convocatorias similares que dieron pie a la comisión de graves delitos de ultraje a la bandera y enaltecimiento del terrorismo. El Ministerio Fiscal considera que la no prohibición de la manifestación supone un inaceptable aval administrativo a una conducta manifiestamente contraria a derecho. La Fiscalía invocaba singularmente la jurisprudencia del TSJPV que, correctamente interpretada, debe de llevar a prohibir dicha manifestación.