El propio grupo de juristas nombrado por el ministro de Interior ha expresado su temor a que la base de datos policial con "personas de riesgo" para cometer un delito contravenga los derechos fundamentales. Ángel Acebes lanzó ayer la propuesta y justificó los errores cometidos en el caso Mijas en la inexistencia de este fichero.
El equipo asesor de Acebes cree que el fichero que propone el ministro afectaría a derechos fundamentales, iría contra la Ley de Protección de Datos y quebraría los principios de rehabilitación y reinserción. Aún así, el titular de Interior les ha pedido que busquen fórmulas legales que permitan actuar desde la prevención.
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No son éstas las únicas voces que advierten de los peligros de esta iniciativa para los derechos fundamentales. Jueces para la Democracia (JpD) considera que habría que regular de manera "exquisita" la base de datos con individuos de "riesgo potencial" con objeto de evitar que se pierdan informaciones como las que facilitó en 1998 la policía británica sobre la peligrosidad de Tony Alexander King.
El portavoz de JpD, Miguel Carmona, ha asegurado que se debería intentar conjugar la eficacia policial con los derechos de carácter personal que afectan al uso de las bases de datos.
Carmona sostiene que se trata de una cuestión "compleja, de equilibrio muy delicado", ya que debería garantizarse la protección de "todos los derechos fundamentales que están ligados a ficheros automatizados de datos personales".
Legal, pero con límites
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) opina que sería legal la base de datos con individuos de "riesgo potencial" que ayer propuso Acebes, pero que habría que introducir una serie de limitaciones, como informar a la persona afectada de que ha sido incluida en este archivo, aunque la posibilidad de retirar el nombre no dependiera del afectado, ya que se trata de un fichero de interés policial.