La Audiencia de Girona ha elevado de 30 meses a tres años la pena de prisión impuesta en primera instancia a los dos dueños del barco de recreo que naufragó en Banyoles (Girona) en 1998, el que murieron 21 jubilados franceses. Sin embargo, ha cambiado la pena de dos años y medio de cárcel impuesta a un ex concejal por una pena de multa de 360 euros.
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La Sección Tercera de la Audiencia de Girona ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Banyoles contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Girona en febrero de 2003 que le declaraba responsable civil por la muerte de 21 jubilados franceses al hundirse la barca L'Oca en el lago de la población. Sin embargo, ha absuelto al entonces concejal de Medio Ambiente, Josep Alsina, de 21 delitos de homicidio por imprudencia y le condena sólo por 21 faltas de imprudencia leve con resultado demuerte, por las que le impone una multa de 360 euros. Alsina también deberá hacer frente al pago de una indemnización de 260.000 euros a tres de las víctimas.
En cuanto a los recursos presentados por las partes, el tribunal eleva la pena de 30 meses a tres años para los dos propietarios del barco, Bartolomé Gayolà y su yerno Simón Rodríguez, considerados responsables de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, 22 delitos de lesiones por imprudencia grave y nueve faltas de lesiones. La Audiencia de Girona también ha aumentado las indemnizaciones que deberán percibir los familiares de las víctimas mortales. La sentencia inicial del Juzgado Penal de Girona condenó a los dos barqueros, al edil, al Ayuntamiento de Banyoles, como responsable civil subsidiario, y a la compañía aseguradora del barco a indemnizar con más de tres millones de euros a 115 personas, entre víctimas, perjudicados y familiares.
El 8 de octubre de 1998, el catamarán de recreto L'Oca se fue a pique en el lago de la localidad gerundense con 141 turistas franceces a bordo, cuando su capacidad máxima era de 80 pasajeros.