Antonio Lloreda, empleado de la fábrica Sintermetal de Ripollet, está a un paso de cobrar los 6 millones de euros, mil millones de las antiguas pesetas, que corresponden al Cuponazo premiado en el sorteo de la ONCE del pasado 7 de octubre. Después de tres meses de agrias disputas con sus 19 compañeros de trabajo, los cuales le reclaman parte del premio al esgrimir un pacto verbal según el cual el dinero tenía que repartirse, la juez de instrucción de Cerdanyola de Vallés (Barcelona) ha archivado la denuncia presentado por éstos al considerar que Lloreda no ha cometido un delito de apropiación indebida.
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Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la juez ha decidido archivar el caso, si bien la decisión judicial "aún no se ha notificado a todas las partes", al no encontrar indicios de que el denunciado haya cometido delito alguno. En este sentido, responsables de la ONCE han señalado que no han recibido ninguna notificación oficial para que se haga efectivo el premio, después de que una orden judicial impidiera a esta organización abonar el Cuponazo hasta que se solucionara el caso.
Los abogados de Antonio Lloreda han explicado que, con toda probabilidad, esta decisión judicial será recurrida ante la Audiencia Provincial por los 19 compañeros de trabajo de Lloreda, que piden un reparto equitativo del premio.
Hace más de tres meses que Antonio Lloreda, trabajador de la empresa Sintermetal de Ripollet, tiene en su poder la serie 22 del número 85646 de la ONCE, pero no lo ha podido cobrar porque una veintena de compañeros de trabajo lo denunciaron tras negarse a repartir el dinero. Según los abogados de Lloreda, éste intercambió uno de los veinte cupones que el jefe de producción de la empresa, Blas Landeira, había comprado como hacía habitualmente para jugar con 19 trabajadores más. Los compañeros sostienen que existía un acuerdo oral en el que se establecía que si tocaba el Cuponazo se repartiría el premio, mientras que Lloreda asegura desde un principio que él no estaba vinculado al grupo y que se trató de un intercambio al margen del mismo.
La ONCE ha informado de que los denunciantes ya han cobrado 35.000 euros por cada cupón premiado, mientras que Lloreda no ha podido hacer efectivo el Cuponazo, ya que continúa embargado hasta que la justicia emitiera un veredicto.