La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, ha archivado provisionalmente el conocido como caso Pallerols, la causa abierta contra varios dirigentes y militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) por la presunta financiación irregular del partido a través de las subvenciones concedidas por la Generalitat para cursos de formación de parados.
La juez ha tomado esta decisión tras cinco años de investigación y apenas un mes después de que el Tribunal Supremo sobreseyera la causa abierta por ese motivo contra los diputados de esa formación nacionalista catalana Josep Sánchez Llibre y Pere Grau Buldú, al considerar que "la sospecha respecto de esas personas no tiene el grado de consistencia" requerida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tras exculpar a los dos aforados, el Supremo devolvió la causa al juzgado de Barcelona, que ahora la ha archivado. La juez se la había remitido el enero, de acuerdo con el fiscal, al considerar que existían indicios de que los dos diputados hubieran podido cometer los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude de subvenciones, cohecho y falsedad en documento oficial por su supuesta intermediación en la concesión de subvenciones a las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols, según informa Pere Ríos.
La magistrada consideraba que existía "documentación numerosísima" que probaba los delitos a través de un "entramado" de "intereses" y "estrechas relaciones personales" y profesionales de Pallerols con el Departamento de Trabajo de la Generalitat y con la dirección de Unió. Según la juez, "habitualmente el 10%" de las subvenciones se desviaban al partido. Sin embargo, y de acuerdo con un nuevo informe del fiscal, el Supremo dictaminó que "no existe la menor constancia" de que los dos diputados mediasen en la concesión de las subvenciones, ni que dispusieran de ellas, ni que falseasen ninguna documentación.
En este sentido, el Supremo entiende que no se ha podio demostrar con certeza los hechos denunciados en el informe elaborado por la Guardia Civil, en el que se constataba que Sánchez Llibre recibió en 1998 tres millones de pesetas (unos 200.000 euros) de Pallerols procedentes de las subvenciones. El tribunal admite que existieron donaciones a Unió, y que en ellas intervino otro de los imputados, Santiago Vallvé, pero recuerda que "la recepción de donaciones para un partido" no es delito y ""no resulta suficiente para incriminar a Sánchez Llibre" que fuera amigo Vallvé.