El PSOE ha logrado esta tarde el apoyo de los demás grupos -excepto CiU, que se ha abstenido- para rechazar los vetos a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2006 presentados por el Grupo Popular y por EA, cuya aprobación habría impedido el debate en el Senado y habría devuelto el proyecto al Congreso, como ocurrió el año pasado. Tras la votación, ha continuado el trámite con el debate de las 2.600 enmiendas parciales.
El veto del PP, apoyado por 119 votos de sus senadores, ha sido rechazado con los 124 votos del PSOE, los grupos de Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC e ICV), PNV, Coalición Canaria y tres de los cuatro representantes del Grupo Mixto -BNG, IU, EA y Partido Aragonés-. Además, ha contado con la abstención de los seis senadores CiU. Para que el veto hubiese prosperado habría sido necesaria la mayoría de la Cámara Alta, situada en los 130 parlamentarios. El PP considera que el texto remitido por el Congreso de basado en un escenario macroeconómico "carente de rigor", es "incoherente y expansivo", presenta múltiples deficiencias, eleva la carga fiscal y no aporta soluciones a las necesidades de la economía española.
Según el senador del PP Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, encargado de defender el veto de su grupo, el proyecto adolece de una intencionada falta de concreción y está "descompensado", con un crecimiento del gasto superior al de los ingresos. Según ha apuntado, el proyecto de PGE presenta además claros "desequilibrios" territoriales. Además, Sánchez Sánchez-Seco ha advertido de que estos Presupuestos vienen condicionados por el debate sobre la propuesta de nuevo estatuto de autonomía remitido por el Parlamento de Cataluña a las Cortes, una propuesta que, de ser aprobada, supondría en su opinión la anulación de estos PGE y la desaparición de parte de las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda.
Para "ampliar" el crecimiento
En defensa de los Presupuestos, Joan Lerma ha asegurado que los Presupuestos se preocupan "de los temas que son realmente importantes a la sociedad y necesarios para la economía española". Según Lerma, estas cuentas están orientadas a "ampliar" el modelo español de crecimiento, aprovechando "el potencial" de la economía nacional en el actual marco de la UE. Lerma ha añadido asimismo que los PGE ahondan en el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y facilitará la obtención de recursos, "incluso" para aumentar el fondo de reserva de la Seguridad Social. Por último, Lerma ha destacado que estos presupuestos se verán acompañados de una reforma fiscal justa y una reforma del mercado de trabajo que será aprobada con diálogo y "sin amenazas", con el objetivo de impulsar el empleo de calidad.
Por su parte, el veto del senador de EA José Ramón Urrutia ha sido respaldado tan sólo por él mismo, ha contado con la abstención de CiU y ha sido rechazado por 241 votos. Urrutia ha basado su rechazo a los PGE en que incumplen el Estatuto de Gernika, se basan en la falta de transferencias de competencias "básicas", y constatan la falta de inversiones del Estado en el País Vasco. El senador de EA ha precisado que estos PGE suponen un freno para las instituciones vascas en campos "tan importantes" como la investigación y el desarrollo tecnológico, las políticas de empleo y la gestión del régimen social de Seguridad Social, la formación continua, la inspección de trabajo, e Instituciones y Centros Penitenciarios, competencia esta última que considera "trascendental para la paz" en Euskadi.
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que ha abierto el debate con la presentación de los presupuestos, ha reclamado en su intervención un mayor compromiso de las comunidades autónomas con la estabilidad presupuestaria, y ha subrayado la necesidad de que la disciplina fiscal se practique en todas las administraciones. En su intervención, el vicepresidente segundo ha reiterado que la idea fundamental de estas cuentas es aprovechar el "buen momento" económico y preparar el país "con vistas al futuro". Solbes ha añadido que la apuesta por la estabilidad presupuestaria generará "márgenes de maniobra" con los que poder hacer frente tanto a "perturbaciones adversas en el futuro cercano" como a los retos que a largo plazo plantea el envejecimiento de la población.