Magdalena Álvarez ha anunciado hoy que Fomento abrirá un expediente administrativo contra Iberia por infracción "muy grave", a raíz de las crisis de El Prat. Por su parte, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que de haber desalojado antes las pistas del aeropuerto -tomadas por los trabajadores de la compañía- las consecuencias habrían sido "nefastas". Ambos ministros han comparecido hoy, a petición de la mayoría de los grupos parlamentaqrios, para dar explicaciones sobre la crisis del aeropuerto catalán.
En su comparecencia, Álvarez ha señalado que el Gobierno, "atendiendo a las circunstancias absolutamente excepcionales" en El Prat, aprobará otro Decreto Ley con el objeto de que la Administración General del Estado pueda subrogarse en las acciones legales que los ciudadanos tienen para el ejercicio de sus derechos.
Los afectados que presenten la documentación acreditativa de sus derechos obtendrán una indemnización por adelantado y, al momento de recibir el pago "deberán ceder a la Administración del Estado las acciones que pudieran tener para efectuar sus reclamaciones".
La Ministra también ha revelado que el Ministerio de Fomento ha recibido 8.138 reclamaciones de usuarios, a través de los canales que se pusieron a su disposición.
Iberia ha anuciado que se reserva el derecho de recurrir el expediente administrativo sancionador incoado por Fomento: "vamos a esperar a la resolución del expediente, y que sea comunicado a la compañía, y en función de su resolución Iberia actuará".
El expediente se ha abierto a Iberia por una infracción "muy grave" de conformidad con la ley 21 de 2003 de Seguridad Aérea, y puede alcanzar un máximo de 4 millones de euros, según ha explicado el Secretario General de Transportes, Fernando Palao. Esta cantidad "es la máxima con la que se puede sancionar a Iberia, y depende de la resolución del expediente, pudiendo ser una cantidad menor".
Consecuencias nefastas
Por la tarde, ha sido el turno de Rubalcaba, quien ha defendido la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante los incidentes ocurridos en el aeropuerto. El titular de Interior ha admitido que se podía haber desalojado antes la pista, pero ha advertido de que las "consecuencias podían haber sido nefastas". Según ha explicado, hubo 243 guardias civiles y 132 policías nacionales para dar respuesta a la situación de crisis generada en el aeropuerto ante una huelga y una ocupación "ilegal".
El Gobierno considera que las actuaciones de la Guardia Civil, Policía Nacional y Delegado del Gobierno fueron "prudentes, oportunas y proporcionadas", en definitiva "correctas", según palabras del ministro, que además ha explicado que los criterios por los que se guió la actuación de las FSE fue el competencial, la oportunidad y la coordinación.
La crisis en El Prat
El aeropuerto de Barcelona vivió el pasado 28 de julio una situación de caos por una huelga salvaje que afectó a 100.00 pasajeros. Los trabajadores del servicio de tierra de Iberia interrumpieron sin previo aviso y durante 11 horas su trabajo y unos dos centenares de ellos ocuparon las pistas impidiendo el tráfico de aeronaves. El personal protestaba por la concesión a otra empresa ajena a Iberia del servicio de handling, lo que ponía en peligro sus puestos de trabajo.