El ex consejero de Trabajo Ignasi Farreras (UDC) ha asegurado que el responsable de encargar los informes y comprobar la autenticidad de los ocho estudios fraudulentos era el ex alto cargo de la Consejería de Trabajo Juan Martín Toribio (UDC), que ya falleció, y que también fue imputado por desvío de fondos en el caso Pallerols. Sin embargo, "cualquiera de los componentes del comité de dirección podía proponer un informe", ha reconocido Farreras durante el primer día de juicio por el presunto desvío de fondos públicos de la Consejería de Trabajo mediante la adjudicación de estudios falsos, conocido como caso Treball.
El ex consejero ha asegurado que no hubo "ninguna disfunción", en referencia a la legislación derogada recogida en los estudios, dada la "vorágine" de reformas legislativas de esa época, a principios y mediados de los años 90, "en plena crisis económica". La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión y una multa de 103.500 euros por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos.
Al margen de Farreras, estan imputados el ex secretario general del Departamento Josep Maria Servitje (UDC) y Víctor Manuel Lorenzo Acuña, propietario de las empresas Gestumer y Socesca, adjudicatarias de los informes.
46.158 euros en informes
Los informes costaron 46.158 euros y el destino del dinero nunca se averiguó, informa Pere Ríos. Las sociedades que facturaron fueron Gestumer y Socesca, administradas por Víctor Manuel Lorenzo Acuña, quien ya fue condenado en el llamado caso Turismo por el mismo tribunal que juzgará este caso: la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona. Ese hecho motivó que Lorenzo Acuña recusara en su día al tribunal presidido por Josep Maria Pijoan para que fueran otros jueces los que celebrasen la vista, pero su pretensión fue desestimada y sólo sirvió para demorar el juicio, que durará hasta el jueves.
Durante la instrucción del caso Turismo, Lorenzo Acuña se inculpó de los hechos, declaró que era el único responsable de beneficiarse económicamente y exculpó totalmente a Farreres y Servitje. Pero el juez instructor los mantuvo imputados por considerar que Farreres fue quien adjudicó los informes a sabiendas de su inutilidad y que Servitje realizó la propuesta de contratación. Los tres acusados en el caso son militantes de Unió, partido al que también pertenecían la inmensa mayoría de los condenados por el caso Turismo.