La Sala Especial del Tribunal Supremo dejó anoche fuera de las elecciones del 22-M a la totalidad de las 254 listas de la coalición electoral Bildu, y a 11 agrupaciones electorales, aunque admitió la concurrencia de otras 10. La votación que expulsa a Bildu arrojó un resultado de 9 de los 16 magistrados a favor de la admisión total de los recursos de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, que habían impugnado la proclamación de las candidaturas. El pronunciamiento sobre las agrupaciones se adoptó por unanimidad.
Con la decisión del Supremo sobre Bildu, que fue precedida de 13 horas de intensas deliberaciones, quedan fuera de las elecciones municipales Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y los candiatos independientes que el Gobierno y la Fiscalía atribuyen a representantes de la ilegalizada Batasuna.
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El presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, José Manuel Sieira, que el pasado 30 de marzo votó a favor de la inscripción de Sortu, se mostró ayer partidario de estimar parcialmente los recursos en contra de Bildu.
Los seis votos favorables a la legalización de Bildu corresponden a los presidentes de Sala Juan Antonio Xiol y Gonzalo Moliner, y los magistrados José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Alarcón Caracuel, todos ellos del sector considerado progresista.
Votaron a favor de expulsar a Bildu de la convocatoria los magistrados conservadores y moderados, junto al presidente del Supremo, Carlos Dívar. El moderado Xavier O'Callagham, que se reincorporó a la Sala del 61 tras una baja por enfermedad, votó en el mismo sentido que lo había hecho su sustituto, el conservador Jesús Corbal, a favor de la mayoría.
En definitiva, con Bildu se reprodujo prácticamente la misma fractura que en el caso de Sortu.
Bildu cuenta ahora con dos días de plazo para interponer un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional y éste tiene otros dos para pronunciarse, antes del inicio de la campaña electoral, en la medianoche del jueves. El recurso corresponderá a la Sala Segunda del Constitucional, presidida por el catalán Eugeni Gay e integrada por tres magistrados progresistas y tres conservadores.
El fallo anticipado de la sentencia se conoció anoche, una hora antes de que finalizase el plazo para dictar sentencia. A lo largo de la madrugada se esperaba conocer los diferentes textos que ultimaba el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo siguiendo las directrices de la Sala del 61: la sentencia por unanimidad sobre las agrupaciones; la sentencia de Bildu; el voto particular de los seis magistrados discrepantes de la prohibición de que Bildu vaya a las elecciones y el voto particular con estimación parcial del presidente de Sala José Manuel Sieira.
La sentencia de Bildu iba a ser redactada anoche por el magistrado de la Sala de lo Militar Javier de Mendoza, tras decaer la ponencia inicial de Manuel Alarcón, favorable a admitir la presencia de la coalición en los comicios.
Los argumentos que la mayoría de la Sala del 61 ha tenido en cuenta fueron expuestos por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, que en su recurso al Supremo afirmó que Bildu constituía un vehículo formal para presentar candidatos de la izquierda abertzale como independientes en un proyecto "que está gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna".
De las conversaciones y comunicaciones intervenidas se evidenciaba, según la Abogacía del Estado, que "dirigentes de Batasuna de primer nivel" dirigieron la conformación de las listas, "procurando encontrar personas no excesivamente significadas, acudiendo a intensas presiones personales en algunos casos".
En el mismo sentido, la Fiscalía del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, consideró que Batasuna "ha impuesto sus criterios a la hora de confeccionar las listas electorales de Bildu y todas ellas aparecen abrumadoramente ocupadas por sus candidatos". Esos candidatos superaban la suma de los presentados por los partidos legales. De ahí que, para la Fiscalía, Bildu fuese "el cauce diseñado y controlado por Batasuna para estar presente en las elecciones".
Los informes policiales utilizados por los impugnantes determinaron que de los 3.495 candidatos de la coalición electoral Bildu, 1.014 presentaban vinculaciones con partidos ilegalizados. Según esos informes, un total de 90 candidaturas ostentaban un porcentaje de miembros vinculados a ETA-Batasuna superior al 20%, cifra que el Tribunal Supremo y el Constitucional aceptan como "significativa" de una "intensa vinculación" con los partidos ilegalizados.