La Audiencia de Sevilla ha ordenado a la juez que investiga los supuestos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta, Mercedes Alaya, que devuelva todas las actas del Consejo de Gobierno al Ejecutivo andaluz.
La juez reclamó todas las resoluciones para evitar que pudieran ser manipuladas. Ahora, los cuatro magistrados que firman el auto consideran los recursos de la fiscalía y del Gobierno andaluz, que alegaron que la medida no era "necesaria ni proporcional", así como que tampoco estaba motivada.
La resolución critica que, en la medida dictada por la juez, excepcional y restringida, no se razona por qué Alaya plantea la posibilidad de una actuación ilegal de la Junta.
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La Audiencia deja sin efecto la medida de custodiar en los Juzgados las actas de Gobierno y, según la Junta, deberán volver a la sede los sobres con las resoluciones del Consejo. Son 480 actas de la última década que han estado hasta ahora custodiadas en un armario acorazado en las dependencias del Juzgado de Guardia, donde siempre hay vigilancia policial.