El procedimiento judicial, sin embargo, no quedará cerrado definitivamente hasta que Kohl no pague la multa de 300.000 marcos (unos 25 millones de pesetas) impuesta por la Fiscalía.
El abogado de Kohl, Stephan Holthoff-Pfoertner, ha informado de que su cliente está de acuerdo con el pago que destinará a partes iguales a una fundación para enfermos de muscoviscidosis y a las arcas estatales para pagar los costes de la investigación.
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El cierre de la investigación judicial por el caso de las cuentas secretas pone al Canciller de la Unificación a salvo de convertirse en el primer ex dirigente de la República Federal de Alemania (RFA) con antecedentes penales.
Pero le quita un pretexto para negarse a hacer revelaciones a la comisión parlamentaria que también hace averiguaciones sobre el asunto.
Los expertos auguraron desde el mismo 3 de enero del año pasado, cuando se abrió el sumario, que el caso terminaría archivado porque, aunque había elementos suficientes para probar que hubo violación de la ley de partidos, para que haya delito de malversación habría que demostrar que Kohl actuó en beneficio propio.
El ex canciller afirma, y nadie lo pone seriamente en duda, que aceptó donativos ilícitos para su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la que fue presidente durante un cuarto de siglo, pero que fue para apoyar a las formaciones del Este en los primeros años de la unificación, no para enriquecerse personalmente.
La decisión judicial de cerrar el sumario se basa concretamente en un artículo del código de procedimiento penal que permite a los fiscales prescindir, en determinados casos, de levantar acusación a cambio del pago de una multa.
En el caso de Kohl, los fiscales estimaron que no había que llegar hasta el extremo de levantar acusación porque el ex canciller palió los efectos de sus actividades ilícitas organizando una campaña de recaudación de fondos para su partido.
Kohl reunió 8 millones de marcos (unos 680 millones de pesetas) para compensar el hecho de que sus transacciones ilegales vayan a causar a su partido importantes pérdidas, pues la CDU tendrá que pagar una multa multimillonaria.
El ex canciller aportó personalmente a ese fondo 700.000 marcos obtenidos de una hipoteca sobre su casa.
Por otro lado, el cierre del sumario priva al ex canciller de un pretexto legal para negarse a hacer revelaciones a la comisión parlamentaria que investiga si los donativos ilícitos recibidos por la CDU influyeron de alguna manera en la toma de decisiones del gobierno Kohl.
El código de procedimiento penal permite a un testigo negarse a hacer declaraciones ante una comisión parlamentaria que trata la misma materia sobre la que está siendo investigado por la Justicia.
La comisión desea sobre todo que Kohl revele la identidad de los donantes que, entre 1993 y 1998, le entregaron, según ha reconocido públicamente, unos dos millones de marcos (un millón de dólares) bajo condición de que respetara su anonimato.
Kohl se ha negado hasta ahora a nombrar a sus benefactores porque dice que les ha dado su palabra, y esta actitud no sólo le ha valido críticas de la oposición y de la opinión pública, sino que ha provocado una casi ruptura con su partido, del que dejó de ser presidente honorífico precisamente por ello.
El ex dirigente cristianodemócrata se ha librado ya tres veces de una acusación judicial ya que en 1986 se abrieron contra él dos sumarios por presunto falso testimonio, uno de ellos en relación con el escándalo financiero de Flick, pero en ambos casos se cerró el asunto.