En la sesión más larga de la etapa democrática argentina, los diputados han cedido parte de sus atribuciones por un año al Poder Ejecutivo para que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, haga una profunda reforma de las estructuras administrativas del Estado.
Pero la Cámara ha rechazado la petición de Cavallo para cambiar las leyes laborales y modificar los sistemas de jubilaciones y seguridad social sin previa consulta al Congreso.
Tampoco se autoriza al ‘superministro’ a someter a procesos de privatización a organismos públicos como el Banco Nación, el mayor de la órbita estatal, la Lotería Nacional, las universidades y los entes de recaudación de tasas e impuestos.
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La Cámara baja había comenzado estas deliberaciones en la noche del domingo y se reanudó este lunes, hasta completarse en las últimas horas.
Quienes se han pronunciado en contra de la delegación de facultades legislativas en favor del Gobierno han criticado con dureza al grupo de la Alianza oficialista, al que acusan de ocultar información imprescindible para el análisis de los artículos.
El Gobierno del presidente Fernando de la Rúa, quedó habilitado para hacer todo tipo de reformas en la administración del Estado, con la fusión, descentralización o centralización de oficinas públicas y con la posibilidad de modificar la Ley de Ministerios.
Además, podrá derogar o modificar normas de rango legislativo que "perjudique la competitividad de la economía".
Con estas disposiciones, más la creación de un impuesto a las operaciones financieras que ya fue aprobado por el Parlamento y un cambio en la política de aranceles para el comercio exterior, Cavallo prometió sacar al país de la recesión en la que ha caído su economía desde hace más de 30 meses.