La decisión de Bush fue tomada pese a que organizaciones de defensa de los derechos humanos e hispanas en EE UU denunciaron que Garza, de 44 años, había sido condenado por un sistema judicial racista. Garza es padre de Elisabeth Anna Garza, de nueve años, de Juan Raúl Garza, de 13, y de otras dos hijas mayores de un matrimonio anterior. El preso, que era jefe de una banda de narcotraficantes de marihuana, fue condenado en Texas en agosto de 1993 por matar a una persona y ordenar la muerte de dos presuntos informantes federales en 1990 y 1991, con la intención de controlar el mercado en Brownsville, al sur de Texas.
El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, rechazó las denuncias de racismo al señalar que, en el caso de Garza, nunca hubo prejuicios de ese tipo. Garza será el segundo ejecutado por delitos federales desde 1963 tras el ajusticiamiento del mencionado McVeigh. Ashcroft aseguró que el narcotraficante de origen mexicano "es culpable sin ninguna duda" de la muerte de tres personas, por las que fue condenado, y que, además, fue responsable del asesinato de otras cinco. "Siete de las ocho víctimas de Garza eran hispanos. El fiscal del caso es hispano, el juez que presidía es hispano, al menos seis de los jueces son hispanos", dijo Ashcroft.
Garza ha admitido su culpabilidad en los tres asesinatos por los que ha sido condenado, pero ha asegurado que está arrepentido y ha agotado todos sus recursos para tratar de evitar su ejecución. El Departamento de Justicia ha reiterado que no existe ninguna razón para retrasarla y de todos es conocida la firmeza con que George Bush defiende la pena de muerte.
Apelaciones rechazadas
Sin comentario alguno, el Tribunal Supremo desestimó paralizar la ejecución de Garza por el argumento de que el jurado que dictó sentencia en su caso debería haber sido informado de que, en vez de pena de muerte, podía haberlo condenado a cadena perpetua. Unas horas después, el alto Tribunal rechazó la otra apelación, en la que los letrados se habían apoyado en la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que Estados Unidos no ha suscrito.
Los abogados presentaron una petición de clemencia en la que se señala que, si Estados Unidos ejecuta a Garza, "puede tener unas adversas consecuencias en nuestra relación con México". Este país ha mostrado su malestar por el proceso de Garza, que fue llevado a Estados Unidos sin informar a las autoridades mexicanas de que podría ser condenado durante el juicio a la pena de muerte.
En diciembre del pasado año, el ex presidente Clinton ordenó el aplazamiento de la ejecución de Garza, un receso que ya había ordenado el verano anterior con el objetivo de conceder más tiempo al Departamento de Justicia para concluir un informe sobre el tratamiento de las leyes federales a la hora de solicitar la pena capital.