Fujimori reside en Japón desde noviembre pasado, cuando fue destituído por el Congreso de Perú por "incapacidad moral permanente" tras rechazar la renuncia que presentó desde Tokio.
La resolución del magistrado del Supremo leída ante los periodistas señala que, al no presentarse el ex presidente a "prestar su declaración instructiva" y por ser necesario definir su situación jurídica en el proceso, se le declara reo ausente de conformidad con el Código de Procedimientos Penales.
Añade que, como consecuencia, se han cursado "las órdenes de captura correspondientes" y se le ha nombrado como abogado defensor de oficio a Herbert Uribe. Lecaros ha reiterado que la orden de captura dispuesta contra Fujimori es nacional e internacional.
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La extradición, en manos de Tokio
El magistrado ha explicado que la extradición del ex gobernante depende del Gobierno japonés y de la gestión que pueda hacer el Ministerio peruano de Relaciones Exteriores ante Japón.
Tokio reconoció a Fujimori la nacionalidad japonesa en diciembre pasado y las leyes del país oriental no permiten que sus ciudadanos sean extraditados.
Lecaros ha precisado, no obstante, que "el Poder Judicial (peruano) va a cumplir con solicitar la extradición, el resto ya depende de Relaciones Exteriores".
El fiscal del proceso por abandono de cargo e incumplimiento de deberes ha solicitado para Fujimori una pena de dos años de prisión y el pago de una reparación civil de 20 millones de soles (unos 6 millones de dólares).
El ex gobernante salió de Perú en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico en Brunei y no regresó nunca más al país andino.
Fujimori viajó de Brunei a Japón, donde decidió presentar la renuncia a la Presidencia de Perú, que fue rechazada por el Congreso, que lo destituyó tras agravarse el escándalo de corrupción desencadenado por su ex asesor, Vladimiro Montesinos.