El Gobierno argentino ha aprobado un decreto que rechaza todas las peticiones de extradición "por hechos ocurridos en territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional", dejando sin efecto los reclamaciones de tribunales extranjeros -españoles, entre otros-, para juzgar a presuntos colaboradores en la represión de la última dictadura militar (1976-1983).
"Ningún Estado puede atribuir unilateralmente, mediante su derecho interno, competencia a sus propios tribunales para juzgar hechos ocurridos fuera de su territorio", sostiene el decreto 1581/2001 publicado ayer lunes en el Boletín Oficial. El decreto, que lleva la firma del presidente Fernando de la Rúa; del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; del ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; y del titular de Asuntos Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, ratifica la política llevada a cabo hasta el momento por Argentina.
El actual Gobierno de De la Rúa, al igual que el de su antecesor Carlos Menem, se ha negado de forma sistemática a extraditar a los súbditos argentinos reclamados por varios países europeos, alegando el principio de "territorialidad". Francia, España, Alemania e Italia son los países de la Unión Europea que han solicitado la extradición de militares y civiles acusados por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar del ex general Jorge Videla. La mayoría de ellas han sido rechazadas por el Ejecutivo sin llegar a pasar por la instancia judicial.
Lluvia de indultos
Argentina indultó a todos aquellas personas involucradas en los crímenes de la dictadura por medio de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987). Poco después, en 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Menem extendió las medidas a los responsables militares del régimen, que habían sido juzgados y condenados en 1985.
Los represores sólo pueden ser acusados y procesados en Argentina por el robo y apropiación de menores, por la que están presos los Jorge Videla y Emilio Massera, entre otros, o por robo de bienes, causas que no formaron parte del juicio a las Juntas, por lo que no estuvieron incluidas en los indultos.