El fiscal Eduardo Freiler ha anunciado que pedirá la máxima pena de prisión, 25 años de cárcel, para el dimisionario presidente argentino, Fernando De la Rúa, por su responsabilidad en la represión policial del pasado jueves frente a la sede del Gobierno, donde murieron siete personas. De la Rúa y los demás ex funcionarios acusados de "homicidios reiterados, privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y gravísimas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario".
Freiler y su colega Federico Delgado presentaron el viernes, cuando seguían dándose episodios de violencia en Buenos Aires y en otras ciudades del país, una denuncia penal contra De la Rúa, el ex ministro del Interior Ramón Mestre, y el ex ministro de esta cartera Enrique Mathov, así como contra el jefe de la Policía Federal, comisario Rubén Santos.
"No pueden irse del poder huyendo. Han sido responsables de lesiones gravísimas y de muchas muertes en el país", ha enfatizado en alusión al ex jefe de Estado y a los otros ex funcionarios que ordenaron reprimir a las miles de personas que se manifestaban contra el Gobierno.
Los episodios de violencia registrados el jueves y viernes en las principales ciudades del país, con graves enfrentamientos entre policías y manifestantes que reclamaban la renuncia del Gobierno en pleno, dejaron, al menos, 28 muertos y cerca de un millar de heridos de diversa gravedad.
Legisladores de varios partidos y organizaciones sindicales y de derechos humanos han coincidido en sostener que la policía se "excedió en sus funciones" y que desató una "brutal, salvaje e indiscriminada represión" contra los manifestantes. "Han querido usar instrumentos de la democracia para defender cuestiones corporativas que nada tienen que ver con las instituciones de la República, ni con el orden constitucional que se pretende defender", ha señalado Freiler al referirse al estado de sitio declarado el miércoles por la noche por De la Rúa.
Balas de goma y plomo
El estado de sitio, una medida de emergencia por conmoción interna que restringe las garantías individuales, permitió a las fuerzas policiales reprimir con balas de goma y de plomo a las decenas de miles de personas que se manifestaron para reclamar la renuncia del Gobierno y cambios en la política económica.
Al abandonar la sede del Gobierno, el viernes por la mañana, un día después de haber presentado su renuncia como jefe de Estado, De la Rúa dijo a los periodistas que las fuerzas policiales procedieron a dispersar a los manifestantes en "aplicación de la ley". El fiscal Freiler contestó a esa afirmación del ex presidente al decir que "la ley de ninguna manera da la oportunidad, ni la facilidad para matar, ni para lesionar gravemente a la ciudadanía".
"El estado de sitio no fue implantado por una ley, sino por un decreto presidencial que no fue ratificado por el Congreso de la Nación, como establece la Constitución", ha destacado el fiscal. La denuncia penal, presentada ante el juez federal Norberto Oyharbide, impide al ex presidente argentino y a los otros ex funcionarios acusados abandonar el país.