El consejo de ministros francés ha aprobado hoy el proyecto de ley constitucional sobre la descentralización, que inscribe el concepto de "región" en la Carta Magna, prevé nuevas competencias para los departamentos y regiones y abre la puerta al "derecho de experimentación". De aprobarse la reforma siete artículos de la Constitución deberán modificarse.
El ministro de Libertades Locales, Patrick Devedjian, ha indicado que el proyecto "no ha cambiado desde su paso por el Consejo de Estado", que se pronunció en contra de importantes puntos del texto, incluido el agregado sobre la organización "descentralizada" de la República en el primer artículo de la Constitución.
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El presidente de la República, Jacques Chirac, ha subrayado hoy que "esta reforma constitucional (...) será la llave de una nueva arquitectura de poderes", y aunque "rompe con nuestra tradición de centralismo administrativo", se integra "plenamente en el respeto del principio de unidad nacional".
Iguales derechos y deberes
"Los franceses conservarán los mismos derechos y los mismos deberes en todo el territorio", ha dicho Chirac, quien ha insistido en que "la solidaridad de los territorios seguirá ejerciéndose" con las dotaciones financieras y "el Estado será garante".
El primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, que hace de la descentralización una de sus máximas prioridades, para "descongestionar" el Estado, ha señalado que es demasiado pronto para decir si Chirac, optará por un referéndum o por el voto de las dos cámaras del Parlamento para ratificar la modificación de la Carta Magna.
Pese a lo limitado de la reforma, el diario Le Monde ha saludado el proyecto del Gobierno como "una revolución institucional de gran amplitud". El entramado regional de Francia es muy débil y sólo hay tres que superen un presupuesto de 800 millones de euros (la región de París, la de Ródano-Alpes y la de Provenza-Alpes-Costa Azul).
El temor a una subida de los impuestos
El plan, que garantiza la autonomía financiera de las colectividades, ha suscitado el temor de que la transferencia de competencias no vaya acompañada de los recursos necesarios y suponga un aumento de los impuestos locales.
También hay reservas sobre el derecho a la experimentación, la vía según el Gobierno para resolver el problema corso, por el que las colectividades territoriales podrían derogar a leyes y reglamentos bajo el control del Parlamento, lo que abriría la puerta a un país con municipios, departamentos o regiones de "múltiples velocidades".