El presidente de EE UU, George W. Bush, pedirá esta madrugada a los estadounidenses paciencia para continuar el rumbo marcado en Irak, a pesar del coste de la ocupación, y tratará de ganarse a los ciudadanos en la discutida reforma de las pensiones de jubilación. Un alto funcionario ha anticipado a la prensa esta tarde el discurso de Bush y ha señalado que será una alocución "única" porque aclarará los objetivos para su segundo mandato. La primera mitad del parlamento estará dedicada a asuntos nacionales y, la segunda, a política exterior.
Bush pronunciará el tradicional discurso ante las dos cámaras del Congreso a las 21.00 hora local (3.00 hora peninsular del jueves), en una intervención que durará unos 40 minutos más las interrupciones. La intervención, que marca uno de los momentos álgidos del año político en EE UU, ha sido revisada 17 veces en los últimos días por el presidente y sus asesores. Irak será, sin duda, uno de los ejes de la intervención. La buena marcha de las elecciones del pasado domingo será empleada por Bush como una justificación de la invasión y ocupación de ese país.
Sin embargo, Bush no presentará un calendario de salida de las tropas de Irak (donde se encuentran unos 150.000 soldados de EE UU), sino que insistirá en la necesidad de seguir allí hasta que el Gobierno de Bagdad sea estable y pueda garantizar su propia seguridad. "No hablamos de una estrategia de salida. Hablamos de una estrategia para el éxito", ha declarado a la cadena NBC el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Bartlett. Bush presentará las elecciones iraquíes dentro de lo que la Casa Blanca percibe como un movimiento a favor de la democracia en todo el mundo (Palestina, Ucrania o Afganistán). Además, el presidente pedirá más ayuda internacional, especialmente a los aliados europeos de EE UU, para consolidar a la vacilante democracia iraquí y dar un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo.
Viajar a Europa para cerrar heridas
Fuentes oficiales han indicado además que Bush hablará hoy del viaje que realizará a Europa este mes, dentro del intento de cerrar las heridas que abrió la guerra de Irak. En cuanto a política interna, Bush se centrará en promover su plan de privatización parcial de las pensiones de la Seguridad Social, del que ha hecho el eje de su política para este año. La idea genera una enorme polémica, y ha recibido la oposición frontal del opositor Partido Demócrata, además de la reticencia de buena parte de los legisladores republicanos del ala moderada. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, afirmó ayer que Bush jamás logrará que su plan sea aprobado en el Congreso. Bush "debería olvidarse de privatizar la Seguridad Social. No va a ocurrir", avisó Reid.
Ello no ha arredrado a Bush, quien afirma que la jubilación de la generación del baby boom, los nacidos después de la II Guerra Mundial, creará una crisis en el sistema de pensiones dentro de algunas décadas. Bush "será muy claro acerca de las razones por las que tenemos un problema", ha afirmado Bartlett, quien ha insistido en que el presidente "está abierto al compromiso". Sin embargo, los opositores al plan le acusan de inventarse crisis con las que sacar adelante sus planes, como la amenaza de las armas de destrucción masiva de Irak, que resultó ser totalmente inexistente. Además, ni Bush ni su Gobierno han explicado aún cómo van a financiar esa reforma, que se prevé podría costar entre uno y dos billones de dólares durante los primeros diez años de su aplicación.
Ese coste se añadiría al déficit récord que sufre el Gobierno de Washington. La Casa Blanca ha reconocido que el año fiscal 2005, que concluye el 30 de septiembre, podría tener otro déficit récord de hasta 427.000 millones de dólares, incluyendo los 80.000 millones extras que Bush ha pedido al Congreso para financiar las operaciones en Irak y Afganistán. Por ello, Bush defenderá la necesidad de hacer recortes en algunos capítulos del presupuesto para 2006, cuyo proyecto presentará el lunes al Congreso. Pero frente al mensaje de disciplina fiscal de Bush, la oposición acusa que los recortes de impuestos del presidente, orientados a los más ricos, son los responsables de los récord en el déficit y la deuda pública.