14 de junio de 2004
El Supremo argentino ha declarado inconstitucionales las leyes de impunidad promulgadas en lo 80 por el primer gobierno democrático del país. Son dos leyes, Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron procesar a centenares de implicados en la represión durante la dictadura (1976-1983).
Mayo de 2005
El jefe de los fiscales federales, Esteban Righi, dictamina que las dos normas son inconstitucionales, al día siguiente de que el presidente Néstor Kirchner reclamase a la Corte una definición sobre estas leyes.
14 de agosto de 2003
Por amplia mayoría el Parlamento declara "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Se abre así la vía para juzgar delitos cometidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. La votación parlamentaria contó con el apoyo de la mayoría peronista y de grupos de izquierda y con el respaldo de miles de manifestantes en las calles de Buenos Aires. La histórica decisión contó con el impulso del presidente argentino, Néstor Kirchner.
6 de marzo de 2001
El juez federal Gabriel Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a partir de un recurso formulado por una agrupación defensora de los derechos humanos.
29 de diciembre de 1990
Otro indulto dispuesto por Menem beneficia a los mandos de las Juntas Militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Roberto Viola, además del almirante Emilio Massera.
Octubre de 1989
El presidente argentino, Carlos Menem, firma los decretos por los que se concede un amplio indulto que abarca a 280 personas. El indulto no incluye a los militares condenados a cadena perpetua de la primera junta de la dictadura, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Tampoco está incluido en la medida el dirigente montonero, condenado a cadena perpetua, Marlo Firmenich.
4-6-1987
La Cámara de los Diputados del Parlamento argentino aprueba la ley que reglamenta la obediencia debida en las Fuerzas Armadas. El texto final, aprobado por 125 votos a favor, 54 en contra y una abstensión, incluye las enmiendas hechas por el Senado para que se exima de proceso también a los oficiales superiores que, por su ubicación en la cadena de mandos, "obedecieron órdenes" durante la llamada guerra sucia contra la guerrilla, entre 1976 y 1983. Los juicios deben interrumpirse de inmediato y quedan en libertad la mayoría de los acusados que permanecían en prisión preventiva.
23-12-1986
El Senado argentino aprueba, por 25 votos contra 10, la llamada Ley de Punto Final, esto es, la prescripción de acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios por la guerra sucia contra la subversión desarrollada entre 1976 y 1982.