El interrogatorio de más de cuatro horas efectuado el martes por el juez de la Corte Suprema chilena Orlando Álvarez al ex presidente peruano Alberto Fujimori es la primera diligencia que practica el magistrado en el proceso que dirige para resolver sobre la solicitud de extradición a Lima de Fujimori. Esta petición ha sido cursada por el Gobierno peruano para juzgarlo por 12 cargos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. El juez centró sus preguntas en los casos de corrupción durante el Gobierno del ex mandatario peruano (1990-2000) y en su relación con quien fuera su asesor y jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, actualmente procesado en la capital peruana.
El juez practicó la declaración indagatoria en la Escuela de Gendarmería, donde Fujimori permanece en prisión preventiva a petición de Perú desde el día siguiente de su sorpresiva llegada a Santiago, el 7 de noviembre.
Realizado a puerta cerrada, el interrogatorio se centró primero en aspectos generales del periodo en el que Fujimori fue presidente, para después abordar su relación con Montesinos y finalmente un caso de corrupción, todos asuntos por los que se ha pedido su extradición, según trascendió. Fujimori respondió sin vacilaciones y con rapidez las preguntas, demostrando que conoce las acusaciones que se le formulan, según la prensa local. El ex gobernante dijo al juez no tener problemas ni reclamaciones que formular por su detención.
Álvarez tiene previsto realizar nuevos interrogatorios a Fujimori durante febrero, a un ritmo de dos o tres por semana, mientras avanza en la lectura de las miles de páginas de antecedentes y testimonios que acompañan a la solicitud de extradición a Perú.
La estrategia del juez, según fuentes judiciales, consiste en progresar en las pesquisas desde los casos de menor relevancia hasta los más complejos, como los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el grupo represivo paramilitar Colina, creado por Fujimori.
La diligencia ha sido bien acogida por el fiscal anticorrupción de Perú, Antonio Maldonado, quien reconoció que se trata de un proceso de extradición complicado debido al volumen de información que entregó el Estado peruano a la justicia chilena para apoyar su solicitud.
También anunció que el Ejecutivo de Lima decidirá en breve sobre el posible envío de otros cinco nuevos cargos para pedir la extradición de Fujimori: usurpación de funciones, malversación de fondos, extorsión a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, torturas al periodista Fabián Salazar y el asesinato del dirigente sindical Pedro Huillca.
Organizaciones internacionales y peruanas defensoras de los derechos humanos apoyan la solicitud de extradición a Perú, que será resuelta por la Corte Suprema chilena en un proceso que puede tardar entre seis meses y un año.