Bien entrada la noche, el Senado francés aprobó ayer una descafeinada versión de la polémica enmienda introducida en la ley sobre control de la inmigración que permite al Estado recurrir a las pruebas genéticas para determinar si un inmigrante puede acogerse a las medidas de reagrupamiento familiar. El texto legal, sin embargo, todavía no ha terminado su periplo. Debe pasar por la comisión mixta Asamblea-Senado y el voto definitivo está previsto para el próximos 22 de octubre en la Asamblea Nacional (la cámara de los diputados) donde previsiblemente será aprobado por la mayoría gubernamental.
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Hasta la aparición de las pruebas de ADN existía un principio asumido universalmente: se puede saber quien es la madre, pero nadie puede asegurar quien es el padre. Para evitar que las pruebas genéticas pudieran acabar descubriendo, para sorpresa del interesado, su auténtica paternidad, los senadores introdujeron un nuevo elemento en la disposición que establece que sólo se buscará la filiación materna. Además, el análisis se hará a petición del candidato, será gratuito, y, por el momento, sólo de forma experimental durante los próximos 18 meses y con decisión judicial previa.
Pese a todas estas salvaguardias, la votación se saldó con un margen relativamente corto: 176 votos a favor, 138 en contra y nueve abstenciones. Más de una docena de senadores de otras formaciones de centroderecha votaron en contra de la mayoría conservadora. Hoy está previsto que se pronuncie el Comité Nacional de Etica, cuya opinión no es vinculante.
La Comisión Europea ha señalado que la norma está completamente de acuerdo con las directivas comunitarias, que delagan en cada Estado miembro la decisión sobre qué métodos emplear para probar los vínculos familiares que permitan el reagrupamiento de inmigrantes, incluidas las pruebas de ADN que ya utilizan siete países de la UE.