La oposición siria en el exilio ha eligido un Consejo de 31 miembros con el mandato de presionar a la ONU y la Liga Árabe para que imponga sanciones al presidente Bachar el Asad y a las principales figuras de su régimen. El Consejo también recopilará información y la entregará a la Corte Penal Internacional de La Haya, con el objetivo de que El Asad sea procesado como autor de crímenes de guerra y contra la humanidad.
La reunión de opositores sirios en Antalya (Turquía) ha sido agitada en su sesión de clausura. Cientos de sirios favorables al régimen se han manifestado ante varios hoteles, entre ellos el que albergaba la llamada Conferencia para el Cambio en Siria, y algunos provocadores han consiguido colarse en el interior.
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La elección del Consejo también ha implicado discusiones acaloradas, porque se presentaban dos listas: una formada, en general, por representantes de partidos y académicos, y otra dominada por activistas jóvenes. Ha ganado la primera por amplia mayoría. En ella figuraban representantes de los Hermanos Musulmanes, de las minorías kurda y cristiana, del Partido Comunista, de los jefes tribales y algunos profesores y activistas. Los elegidos se han comprometido a mantener un "contacto permanente" con los organizadores de las protestas en el interior y a ejercer como "simples portavoces en el mundo libre" de los sirios que se enfrentaban a la represión militar dentro del país.
En su declaración final, los opositores en el exilio proclamaron su voluntad de acabar con el régimen de la familia El Asad y de crear una Siria unida y democrática bajo un Estado "civil". En los borradores iniciales el futuro Estado se definía como "laico", pero los jefes tribales, temerosos de que la laicidad implicara la destrucción de las tradiciones y de sus prerrogativas personales, exigieron otro término