El auto de la juez, que consta de 17 folios, da por cerradas las diligencias penales por la rotura de la presa al tiempo que rechaza todos los recursos de reforma presentados, entre los que se incluían los del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, IU-LV-CA, así como de varias asociaciones ecologistas y agricultores afectados por el vertido contaminante, que había solicitado la continuación de las investigaciones.
En la práctica, la decisión de la juez significa que el caso llegará hasta la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, ya que algunos de los recursos fueron presentados además con carácter subsidiario en apelación.
El auto dictado ahora confirma de esta forma, como era lógico, el criterio expuesto por la juez Celia Belhadj-Ben en su resolución del pasado 22 de diciembre, en la que decretó el sobreseimiento de las actuaciones al concluir que en los hechos investigados no concurrían los elementos necesarios para su persecución penal, tras analizar los delitos contra el Medio Ambiente, daños y estragos en los que se podía enmarcar el desastre de Aznalcóllar.
Además, descartó que en la rotura de la balsa se hubiese producido una imprudencia grave, que exigiría la "ausencia absoluta de cautela o la desatención grosera relevante de lo que es exigible a cualquier persona".
En aquella resolución, la juez basó su decesión en el informe pericial oficial elaborado por los catedráticos de la Universidad Politécnica de Cataluña, que explicaron que toda la actuación realizada sobre la presa se realizó de acuerdo a la "práctica habitual o convencional" de la época, por lo que no pueden derivarse responsabilidades penales para los 25 imputados en la causa.