El Gobierno italiano, presidido por Silvio Berlusconi, ha aprobado un proyecto de ley que establece nuevas reglas para el sistema televisivo italiano y fija en el 31 de enero de 2004 la fecha para iniciar el proceso de privatización de la televisión pública del país (RAI). El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora debatirá el Parlamento, pone fin a la prohibición existente hasta ahora de cruces de propiedad entre cadenas de televisión y cabeceras de prensa escrita.
Uno de los puntos más complejos de la iniciativa gubernamental es el que establece que ningún operador podrá conseguir ingresos superiores al 20% de los recursos totales del sector de las comunicaciones. También prevé la privatización de la televisión pública, tantas veces anunciada y debatida en Italia, mediante un sistema que impedirá que una sola persona pueda acumular más del 1% del capital.
Pese a que se prevé que el proceso de privatización se ponga en marcha en enero de 2004, con toda probabilidad el Ministerio del Tesoro seguirá siendo el accionista de referencia durante mucho tiempo, como lo es en otras sociedades en las que se ha aplicado un sistema similar, caso del gigante eléctrico ENEL.
La nueva RAI será administrada por un consejo de nueve miembros votados por la asamblea de socios, que elegirán a un presidente, el cual deberá seguirse sometiéndose al control de la actual comisión parlamentaria de vigilancia. Este proyecto del Gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi lo examina con lupa la oposición, ya que el primer ministro es a la vez el propietario de las tres principales cadenas generalistas de televisión que emiten en el país.