El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por la ministra Ana Pastor, ha dado luz verde al Plan Nacional contra el Tabaquismo, que fija, entre otras medidas, los 18 años como edad mínima para poder comprar tabaco.
Además, el plan establece "lugares de trabajo especiales (centros docentes, sanitarios, públicos y de ocio) como espacios libres de humo", y "la supresión de máquinas expendedoras de tabaco (que no distinguen la edad del comprador), contemplando la venta personalizada como forma principal de adquisición de estos productos".
DATO
El objetivo es que el número de fumadores mayores de 16 años quede por debajo del 30% en 2007
Asimismo, las autoridades tendrán que velar por el cumplimiento de la normativa sobre "espacios sin humo", además de en los lugares mencionados, en el ámbito de las administraciones públicas y de los centros sociales y de atención al público.
Se trata, según las previsiones del Plan, de que para 2003 al menos el 95% de los centros sanitarios, docentes y de la Administración sean espacios sin humo, y que en 2005 ocurra lo mismo con el 70% de las empresas.
El plan prevé también medidas fiscales para aumentar su precio, que quedaría excluido del cómputo del IPC, así como la prohibición de la venta de cigarrillos sueltos. Según las previsiones de Sanidad, se espera que para 2005 más de la mitad de las empresas garanticen a los fumadores pasivos trabajar libre de humos.
El texto, que también ve necesario establecer los requisitos mínimos de los espacios habilitados para los fumadores, incluye fijar un sistema claro de infracciones y sanciones. A su vez, potenciará que todos los actos en lugares cerrados promovidos o subvencionados por la administración pública sean declarados sin humo.
El objetivo del plan es que el número de fumadores mayores de 16 años quede por debajo del 30% en el año 2007 y que para esa fecha las personas fumadoras de entre 16 y 25 años descienda en seis puntos.
Las comunidades socialistas rechazan la tarjeta única
Otro de los extremos a tratar en el CISNS ha sido la implantación de la tarjeta sanitaria única, que ha encontrado el rechazo de las comunidades donde gobierna el PSOE. Así, sólo las autonomías gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Murcia), además de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendrán una tarjeta sanitaria común después del acuerdo firmado hoy, Algunas esperarán hasta ajustar detalles informáticos.
Las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, y Baleares), además de Cataluña y País Vasco, han rechazado la propuesta al considerar que no contiene nada nuevo y que es un retroceso para los sistemas de salud de algunas autonomías. Este documento incluirá los datos básicos de identificación del titular y facilitará la circulación de pacientes por toda España garantizando que los servicios de salud proporcionen en cada caso la asistencia precisa.
El acuerdo tiene vigencia de un año prorrogable con cuya firma la ministra cree que "se consigue que la red sanitaria compartida del Sistema Nacional de Salud empiece a funcionar como uno de elementos de cohesión y coordinación del sistema". En su opinión esto les convierte en miembros de un "club de los ciudadanos de primera categoría, de todos los ciudadanos que se van a poder mover por España sin ningún tipo de trabas ni de problemas".