La polémica médica sobre la interrupción del embarazo de una niña nicaragüense de nueve años, violada en Costa Rica, ha pasado definitivamente al terreno moral tras pedir el cardenal Miguel Obando que la menor sea examinada por médicos que rechazan el aborto.
La niña, cuya identidad se mantiene en secreto, fue violada hace unos meses cuando ayudaba a sus padres a recolectar café en una finca de Costa Rica. Sus padres la llevaron a dos hospitales costarricenses para tratarle problemas en sus genitales y allí se detectó que, además de que haber sido violada, el autor del abuso le había transmitido dos enfermedades venéreas.
La ley nicaragüense prohíbe el aborto, excepto cuando hay riesgo de muerte de la madre, a la que se le permite abortar si ese peligro lo determinan de forma oficial una junta de al menos tres médicos designados por el Ministerio de Salud (MINSA). El procurador especial de la infancia, Carlos Emilio López, pidió la semana la semana pasada a la ministra de Salud, Lucía Salvo, que formara una comisión médica para definir el peligro que corre la vida de la niña si continúa con el embarazo y proceder al aborto, si es el caso.
Salvo creó el jueves la junta, que preside Roberto Jiménez, quien declaró que la primera medida es la de evaluar el estado de la menor, a la que no ha tenido aún acceso. Es aquí donde comienza la polémica, ya que mientras que la ministra de Familia, Natalia Barillas, reclama que la menor pase a la tutela de su ministerio, como ordena la ley, el asesor legal del MINSA, Manuel Ortiz, apunta que la niña "se encuentra bajo la patria-potestad de sus padres, y serán estos los que respondan por lo que le ocurra".
La propia ministra Barillas ha emitido un comunicado en el que muestra su preocupación ante la actitud que ella cree que tienen la Procuraduría de Derechos Humanos y Violeta Delgado, líder de la Red de Mujeres en Contra de la Violencia. Según Barillas, buscan provocar un aborto terapéutico en la niña. Delgado, que gestionó la repatriación de la menor desde Costa Rica, aduce que los padres condicionan un examen médico a que se "garantice su confidencialidad y seguridad, para que la niña no sea víctima nuevamente". Aseguró, además, que la niña "se encuentra estable, aunque un poco presionada por el tema".
Presión del cardenal
El asunto ha terminado de enredarse después de que este fin de semana el cardenal Miguel Obando solicitara que la junta médica la formaran expertos contrarios al aborto. Obando reclamó "doctores responsables, que no vayan a provocar un aborto, que salven la vida de la niña y traten de salvar al bebé".
El prelado fortaleció la presión de los miembros del Comité Nicaragüense Pro Defensa de la Vida, cercanos a la Iglesia Católica y al Gobierno, que rechazan la posibilidad de interrumpir el embarazo. Los miembros de este comité han enviado una carta el presidente del país, Enrique Bolaños, en la que apuntan que el aborto "viola la Constitución, que establece que el derecho a la vida es inviolable".