Los grupos parlamentarios del Senado han acordado esta tarde endurecer el régimen sancionador del proyecto de Ley del Tabaco, que a partir del 1 de enero prohibirá fumar en todos los lugares públicos y en el trabajo. Pero han ampliado los puntos de venta de cigarrillos. Así, será falta grave -una multa de entre 600 a 10.000 euros- que el dueño de un establecimiento donde está prohibido fumar lo permita. Y se podrá vender también tabaco en hostales, hoteles y salas de fiestas y juego, como ya ocurre ahora.
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En cuanto a la sanción, así lo establecía el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes hasta que los grupos acordaron, en el trámite del Congreso de los Diputados, rebajar esta falta de grave a leve, lo que suponía disminuir la multa prevista para faltas graves, de entre 600 a 10.000 euros, a la horquilla establecida para las leves, de entre 600 y 60 euros. Además de devolverle el sentido original al texto en este punto, los grupos también han tratado de aproximarse a lo establecido en un principio en relación a las sanciones previstas para los fumadores, de tal forma que han decidido que para el fumador será falta leve fumar en espacios no autorizados y grave cuando repita tres veces la falta leve.
Esta aproximación al texto original ha sido propuesta por el Grupo Socialista y Entesa Catalana. También se ha llegado a un consenso en este primer día de trabajo en el Senado en cuanto a la ampliación de puntos de venta de tabaco en hoteles, hostales, salas de fiesta y juego. En el proyecto remitido por el Ejecutivo, estos lugares no estaban contemplados. En total y según ha explicado el ponente socialista, Juan José Palacios, de las 125 enmiendas presentadas a este proyecto en la Cámara Alta, se han consensuado 33, principalmente de carácter técnico y con el fin de mejorar la redacción del texto.
¿Habrá salas de fumadores?
El resto de las iniciativas, sobre las que no ha habido consenso, tendrán que ser debatidas en Comisión, cuya reunión está prevista para el día 21 ó 22 de noviembre. Así quedan vivas iniciativas como la del PNV y CiU que defienden salas de fumadores en los centros de trabajo, o la del PP que pide que los tratamientos para dejar de fumar tengan financiación pública. De los 25 países de la Unión Europea, sólo Irlanda y Holanda no permiten fumar en el trabajo. Otras enmiendas que se discutirán en la Comisión defienden la ampliación del plazo de las obras para acondicionar los espacios para fumadores y para la adecuación de las nuevas maquinas expendedoras.
También se deberá estudiar el problema de los jóvenes de 16 a 18 años que trabajan en locales donde se puede permitir fumar, como en bares de menos de 100 metros cuadrados. Una vez que termine el trabajo de la Comisión, el texto pasará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Por otro lado, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha asegurado hoy, en la inauguración del V Congreso Nacional para la Prevención del Tabaquismo en Salamanca, que los fumadores en España causan "unos costes directos al Sistema Nacional de Salud de 3.000 millones anuales". A los costes directos habría que añadir "un coste de un absentismo mayor y de años de vida productivos". Según Salgado, las encuestas revelan que la Ley Antitabaco va a ser bien recibida "e incluso los fumadores están deseando que haya algo que les impulse a dejar de fumar".
"Creo que es una ley equilibrada, probablemente no perfecta porque nada lo es, pero estoy convencida de que se va a incorporar positivamente a nuestro quehacer diario y va a ser muy bien recibida por la opinión pública", ha aseverado en declaraciones a los periodistas. La ministra ha recordado que su departamento promoverá campañas para que la nueva normativa sea "bien conocida por los ciudadanos y su aplicación no genere problemas". "Lo normal es no fumar, la mayoría de la población no fuma. Debemos insistir en las bondades de vivir en un ambiente libre del humo del tabaco tanto en el plano individual como colectivo", ha señalado posteriormente en su intervención ante los congresistas.