El síndic de greuges -defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, ha culpado hoy a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) de no ejercer su responsabilidad en la protección de los menores en el caso de Alba, la niña de 5 años que sigue hospitalizada a consecuencia de una paliza. En las conclusiones hechas públicas hoy, sobre el caso de Alba, que fue ingresada el pasado 10 de marzo, Ribó alerta de la descoordinación de las administraciones en la protección a los menores, pero culpa especialmente a la administración catalana, puesto que fue el único que tuvo acceso a toda la información sobre los malos tratos que recibió la niña, que se remontan al año 2004. Desde la Dirección General, han preferido no pronunciarse públicamente, pero han anunciado que remitirán su valoración del informe directamente al Sindic de Greuges.
Del informe se desprende que en el caso de Alba se ha vulnerado el derecho a la "protección efectiva" de un niño, y no descarta presentar una querella por la desatención por parte de la Administración que sufrió la niña. Ribó advierte de que desde hacía tiempo (2004) había "indicios clarísimos" del maltrato, que no fueron correctamente interpretados y observados por los servicios públicos. En este marco entrarían los servicios sanitarios, por no averiguar la causa de las dolencias de la menor; Educación, por no haber advertido las señales de alarma de la niña; e Interior, por limitarse a derivar el caso a otro cuerpo policial. Pero el sindic de greuges reprocha a la DGAIA que, a pesar de disponer suficientes medios y competencias, aplicara "mecánicamente" los circuitos de protección y no declarara el desamparo de Alba.
Dimisiones
Ribó ha declinado pronunciarse sobre el hecho de que no se haya producido ninguna dimisión a raíz del maltrato de Alba y se ha limitado a afirmar que él se siente "un ciudadano". Sin embargo, y a raíz del informe, CiU ha vuelto a pedir hoy la dimisión de la directora general de la DGAIA, Imma Pérez, y ha reclamado a la consellera de Bienestar y Familia, Anna Simó, que "asuma responsabilidades" y "pida disculpas a la sociedad" por la actuación de la Generalitat en el caso de maltrato a la pequeña.
El informe del síndic señala que la Fiscalía debería aumentar sus recursos para la protección de la infancia después de que la misma institución haya reconocido que la coordinación entre los fiscales "no es óptima". Al departamento de Interior le pide más coordinación, "más allá de los roces entre cuerpos policiales", y le recuerda que los Mossos d'Esquadra tienen asumidas competencias plenas en menores, mientras que a Educación le sugiere que revise el grado de conocimiento de los docentes sobre los malos tratos. En cuanto a Sanidad, Ribó cree que debería impulsar programas sobre maltratos infantiles a los pediatras y médicos de familia y que los jueces deberían reforzar los mecanismos de urgencia ante agresiones a menores.