Responsables de informática de las administraciones públicas y empresas españolas que utilizan Linux están recibiendo la visita de directivos de SCO que les informan de que parte del código de esta plataforma es de su propiedad y que, por lo tanto, tienen que pagar por su uso. El responsable de SCO para España, Jesús Vega, inició contactos con grandes usuarios de Linux en noviembre.
El vicepresidente de SCOsource, Gregory G. Blepp, que se encuentra en España para apoyar las acciones del director general de SCO para España y Portugal, Jesús Vega, a quién ha acompañado esta semana para reunirse con los responsables de informática de la Junta de Extremadura.
SCO considera que una parte del sistema operativo abierto Linux, procede del código UNIX, propiedad de SCO, por lo que hace varios meses emprendió acciones legales para hacer valer sus derechos y ha puesto precio a la utilización de Linux en forma de licencias que según afirma Gregory G. Blepp han sido adquiridas ya por cientos de usuarios en todo el mundo.
Reclamaciones diferenciadas
El vicepresidente de SCOsource afirma que las acciones que siguen para cobrar licencias son independientes de la que iniciaron contra IBM hace 18 meses por considerar que su código AIX utiliza parte del código de fuente UNIX, por lo que ha vulnerado el contrato que tiene para utilizar UNIX.
Explicó que SCO le dio cien días a IBM para dar una respuesta satisfactoria y, al no hacerlo, le ha quitado la licencia UNIX, lo que significa que en la actualidad la está utilizando ilegalmente. También ha emprendido una acción contra Novell, que defiende que UNIX es de su propiedad y que ha patentado la licencia, lo que ha sido recurrido por SCO, que considera que este caso se resolverá en semanas.
Contra los grandes usuarios
Tras este proceso, SCO iniciará acciones contra grandes usuarios de Linux en todo el mundo, también en España, para establecer precedente jurídico, ya que, explicó Blepp, los usuarios de Linux quieren tener constancia jurídica de que SCO tiene razón.
Gregory G. Blepp dice que SCO no va a ir contra los usuarios domésticos o educativos, sólo contra las grandes empresas e instituciones que se benefician gratuitamente de Linux. Añadió que, con estas acciones, SCO no pretende ir contra el código abierto, sino defender sus derechos y que, de hecho, colabora con proyectos Linux como Apache y Samba. Considera que en la actualidad hay en el mundo entre 2,5 y 3 millones de usuarios de Linux que tendrían que pagar licencias a SCO.