La Ley Orgánica del 25 de noviembre de 2003 endureció sensiblemente las penas por difusión de pornografía infantil y tipificó por primera vez como delito la mera posesión de material en el que aparezcan menores o incapaces y la llamada pornografía virtual.
La nueva redacción del Código Penal contempla penas de entre tres meses y un año de prisión o multa de seis meses a dos años a quien para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces. La pena es mayor -entre seis meses de cárcel y un año o multa de 12 a 24 meses- para quien por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces.
Se prevé además pena de entre uno y cuatro años de cárcel para quien utilice a niños con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos o quien venda o distribuya material en cuya elaboración hayan sido usados menores o incapaces, aunque el material tuviera origen en el extranjero o fuera desconocido.
El artículo 189.3 contempla unas circunstancias que, de concurrir, elevarían la pena por este delito a entre cuatro y ocho años de cárcel: cuando se use a menores de 13 años, cuando los hechos revistan un carácter particularmente vejatorio, cuando el material represente a menores que son víctimas de violencia física o sexual, cuando el culpable pertenezca a una asociación dedicada a tales actividades o cuando sea el padre, tutor, maestro o cualquier otra persona encargada del menor o incapaz.