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Cambio en la política de vivienda

Escepticismo ante las nuevas medidas

Las medidas aprobadas por el último Consejo de Ministros para fomentar el mercado de arrendamientos urbanos han sido enjuiciadas con cautela por parte del sector, que las ha calificado como "buenas pero escasas".A propuesta del ministro de Economía, Miguel Boyer, el Gobierno ha aprobado la supresión de la prórroga forzosa en los contratos de alquiler y la eliminación de restricciones para transformar viviendas en locales comerciales. Al tiempo, ha establecido una nueva desgravación fiscal del 17% "al poner en funcionamiento o vender una vivienda".

El Ejecutivo pretende que las viviendas ahora desocupadas puedan ponerse en alquiler y que se dedique una mayor proporción de las nuevas construcciones al arrendamiento. Sin embargo, las medidas no han levantado demasiadas expectativas.

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Para la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios estas medidas, aunque positivas, suponen sólo un remedio parcial. Para que sean verdaderamente efectivas consideran que deden incluirse en una reforma global del mercado de arrendamientos urbanos que se ha de liberalizar. Aunque los representantes de la Asociación no quieren expresarse de manera definitiva hasta que no conozcan el proyecto en su totalidad, se muestran a favor de que éste forme parte de una nueva ley de arrendamientos.

Por su parte, el Consejo Superior de Cámaras de la Propiedad Urbana confía en que se pueda animar algo el mercado, pero manifiesta que no habrá una verdadera reactivación en el arrendamiento urbano hasta que no goce de un mejor tratamiento fiscal, y los propietarios no tengan la absoluta seguridad de que el marco jurídico que diseñe cualquier Gobierno al final se cumplirá.

Sobre la supresión de la prórroga forzosa, el Consejo dice que "tiene una importancia menor de la que aparenta", ya que "lo que le interesa al propietario es cobrar una renta suficiente y revalorizable anualmente". En cuanto al cambio de uso de vivienda a local de negocios, considera que no será una medida efectiva si no cambian gran parte de las ordenanzas de los ayuntamientos que, en muchos casos, lo prohíben.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 1985