Bélgica ha denegado el estatuto de refugiados políticos a los dos presuntos etarras Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz, reclamados por España como colaboradores del comando Vizcaya. Así lo ha decidido el comisario para Refugiados Políticos, Marc Bossuyt, quien considera que no sufren persecución por razones étnicas o políticas. Moreno y García se encuentran en libertad provisional desde diciembre, ya que sobre ellos no pesa ninguna acusación en Bélgica.
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La decisión de Bossuyt deja las manos libres al Gobierno belga, que preside el socialcristiano flamenco Jean-Luc Dehaene, para tomar la decisión política de extraditar o no a los dos jóvenes vascos, detenidos en las afueras de Bruselas el 13 de junio pasado, y a los que el Gobierno español acusa de colaborar con ETA.Bossuyt comunicó su decisión al Gobierno belga el miércoles, aunque éste no la transmitió a la Embajada española en Bruselas hasta ayer por la tarde. El comisario razona, en un texto de 14 fólios, que la solicitud de asilo "es carente de objeto" porque "no hay ninguna razón convincente que demuestre que en España los simpatizantes de ETA sean perseguidos por razón de su origen étnico o convicciones políticas, sino más bien como consecuencia de los hechos punibles de los que se les acusa".
Paul Bekaert, uno de los abogados de los dos presuntos etarras, confirmó la decisión del alto comisario belga, aunque advirtió que ello no significa que éste haya recomendado la extradición. Según Bekaert, que tiene 15 días para recurrir, "el comisario opina que la concesión del estatuto de asilo es improcedente, pero recomienda al Gobierno belga que no conceda la extradición porque las acusaciones tienen origen político, algo que puede ocurrir aunque Bélgica considere que España es un Estado dernocrático".
Según el abogado, la decisión sobre la extradición tiene ahora carácter exclusivamente político y no judicial". Sin embargo, en su opinión, el Gobierno de Jean-Luc Dealiene deberá tener en cuenta ahora un primer dictamen emitido en julio de 1993 por la Corte de Apelación de Bruselas, que recomendó al Gobierno belga que negara la extradición.
Aquel primer dictamen originó el posterior embrollo y la polémica que ha rodeado a este caso, porque frenó cualquier decisión rápida de extradición por parte del Gobierno belga -que jamás ha concedido una extradición contra la opinión de la Justicia-, permitió a los presuntos etarras solicitar el estatuto de refugiados políticos -dilatando en varios meses la solución de su expediente- y desveló que el Gobierno español había ocultado a una comisión de investigación de las Naciones Unidas un caso de presuntas torturas cometidas sobre otro presunto etarra, Juan Ramón Rojo González.
El caso Rojo fue uno de los argumentos decisivos para que la Corte de Apelación recomendara en julio de 1993 no conceder la extradición de Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz, ya que éstos fueron supuestamente relacionados con ETA por Ramón Rojo bajo la presión de los malos tratos.
A su vez, la decisión de la Corte indujo al comisario Bossuyt a estudiar la conveniencia o no de otorgar el estatuto de refugiados políticos a Moreno y García, al tiempo que el Gobierno belga condicionó cualquier extradición a que se pronunciara antes el comisario.
El caso alcanzó el punto culminante de crispación en diciembre, cuando el Gobierno español decidió bloquear las discusiones de la Unión Europea sobre la armonización del derecho de asilo, al tiempo que una juez dejaba a los presuntos etarras en libertad condicional hasta que se decidiera sobre su condición de asilados por entender que llevaban demasiado tiempo en prisión -desde el mes de junio- sin que pesaran sobre ellos acusaciones por actos delictivos en Bélgica.
La decisión del comisario Bossuyt reducirá la presión sobre las discusiones en torno al derecho de asilo en la Unión Europea, aunque no resuelve la cuestión de fondo. España quiere lograr que automáticamente se rechace toda petición de asilo presentada por un ciudadano comunitario porque considera que lo contrario "es un resquicio legal que será aprovechado por las bandas terroristas". La tesis española sostiene que no puede haber asilados políticos dentro de la Unión porque los Doce son Estados de derecho en los que no hay persecución política.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de febrero de 1994