El diagnóstico de quienes conocen de cerca o por dentro el funcionamiento judicial es muy negativo: algunos órganos están atascados y otros pecan de falta de coordinación. Desde el Consejo General- del Poder Judicial (CGPJ) se reconoce que "la calidad judicial ha bajado a límites insospechados".El jefe del Servicio de Inspección del CGPJ, Román García Varela, considera que "el problema gravísimo del servicio público judicial, como a mí me gusta llamarlo es la demora". Asegura que "la jurisdicción contencioso administrativa, está superada por las circunstancias" y "hasta que no funcionen los juzgados unipersonales y se modifique la ley procesal, no se reducirá el atasco".
Cree también que 'Talla la oficina judicial, desfasada, casi decimonónica". Ve importante "la incorporación permanente de psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos, ojalá que también criminólogos", y "avanzar en la informatización".
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En los juzgados civiles, muy recargados, estima preciso aumentar la especialización. Los órganos judiciales penales los ve "con normalidad". Las salas de lo social las considera sólo saturadas.
Demandas sin DNI
La decana de los juzgados de Madrid, Manuela Carmena, considera importantes las reformas procesales "si sirven para agilizar y obligan a estructuras de coordinación y a remover privilegios y costumbres viciadas de los profesionales del derecho". Explica que "actualmente, en las demandas no es obligatorio facilitar el DNI ni el NIF, ni el número de teléfono, lo cual origina toda clase de confusiones y nos obliga a que, de las 3.000 notificaciones diarias, algunas tengamos que hacerlas hasta 16 veces".
Carmena añade que, "sin esos datos y sin una numeración coordinada de todos los asuntos, a la que algunos jueces se resisten, ¿para qué nos sirve la informatización?". Ante tal situación, no cree que la puesta en marcha del Tribunal del Jurado sea negativa, porque los problemas reales son muy distintos.En los juzgados de Madrid, los servicios comunes "han mejorado el funcionamiento judicial, porque hasta donde han podido han suplido a las reformas procesales". Carmena informa que de los 1.900 millones de pesetas existentes de ejecutorias y para pagar a las víctimas de delitos, gracias a tales servicios, se han pagado 1.600 millones, con lo que "queda un saldo de 300 millones, aunque yo creo que debe estar a cero". En cuanto a especialización, existen juzgados de familia, hipotecarios, mercantiles y de personas incapaces.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de febrero de 1996