El ordenamiento jurídico del Estado democrático no supone ni puede suponer la negación de la ley del más fuerte. No hay sociedad que pueda sobrevivir sin que dicha ley se imponga de una u otra manera. Así ha sido siempre en el pasado. Así continúa siendo hoy. Y así continuará siendo en el tiempo en que es posible hacer predicciones.Ahora bien, el hecho de que la ley del más fuerte se acabe imponiendo siempre no quiere decir que sea indiferente la forma en que dicha ley se impone. Todo lo contrario. La forma es lo decisivo. Lo que diferencia a una sociedad civilizada de otra que no lo es, es precisamente la forma en que se impone la ley del más fuerte.
Aquí reside la gran aportación del Estado constitucional democrático a la historia de la convivencia humana. Lo que distingue sin excepción al Estado democrático de todas las formas anteriores de manifestación de la ley del más fuerte, es el sometimiento de esta última a formas jurídicas. La ley del más fuerte sigue existiendo, pero tiene que expresarse a través del Derecho.
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Por eso, cuando no se respetan las formas, lo que no se está respetando es la esencia misma del Estado de Derecho y nos retrotraemos, con ello, a formas premodernas y bárbaras de ejercicio del poder.
Esto es lo que está empezando a ocurrir en España con una reiteración que resulta alarmante. En sus primeros meses en el poder, el Gobierno y su mayoría parlamentaria guardaron algo las formas, pero desde finales del año pasado parecen haber decidido saltárselas a la torera.
Que yo sepa, nadie discute la legitimidad de El Corte Inglés como manifestación de la ley del más fuerte. Simplemente ha sabido hacerlo mejor que los demás. Nadie discute tampoco la competencia legítima del BBV y el Banco de Santander por ser el más fuerte en el sector financiero.
Pero nadie puede entender que el Gobierno con criterios de naturaleza política decida quién va a ser el más fuerte en la televisión digital. Y que utilice para ello el Decreto-Ley, declare el fútbol de "interés general" e introduzca normas de carácter retroactivo.
Y mucho menos todavía se puede entender el nombramiento de Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. Pues, como ha dicho el Tribunal Constitucional, "no es posible confundir el supuesto formalismo con el imprescindible respeto de las normas y procedimiento exigible, que no están a disposición de los sujetos o instituciones a las que vinculan" (STC 181/88).
Pues si el Derecho es un límite para el poder cuando dicho poder es de naturaleza privada, debe serlo todavía más cuando de los poderes públicos se trata. Justamente porque el Estado es el "monopolio de la coacción física legítima" y no tiene competidores. Por eso, la sujeción del Gobierno a las normas y procedimiento exigible" no es una exigencia como cualquier otra, sino que es la condición sine qua non del ejercicio civilizado del poder.
No sé en qué estaba pensando José María Aznar cuando se refería a la llegada al poder del PP como una "segunda transición". Por lo que estamos viendo, parece que se trata más bien de una "vuelta a las andadas"; esto es, del retorno de la derecha española a las prácticas autoritarias y antidemocráticas que han caracterizado su presencia en la vida pública de los dos últimos siglos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 1997