La Generalitat y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc) superaron ayer, casi por arte de magia, la distancia que les separaba en los últimos ocho años en la llamada guerra del agua. De repente, se hizo la luz incluso en los puntos que para el Gobierno catalán estaban más negros. Rodeados de un intenso aroma preelectoral, representantes de la Confavc y de la Generalitat estamparon ayer sus firmas en un escrito en el que ambas partes se comprometen a que la futura ley del agua, que promulgará en los proximos meses el Parlament, recoja las principales reivindicaciones de los vecinos, tales como aplicar la tarifa de precios de 1990 más los aumentos del IPC y a que en el recibo no aparezca ningún concepto ajeno al ciclo hidráulico. Todavía no puede hablarse de acuerdo. De momento, lo único que hay es un documento que da fe de las coincidencias entre los dirigentes vecinales y el Gobierno de CiU y que bautizaron como "manifiesto de compromiso". PASA A LA PÁGINA 4
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de mayo de 1999