La inflación española ha cerrado un año pésimo con una tasa del 2,9%, después de que el IPC de diciembre subiera el 0,4%. El menor de los problemas es la persistencia del Gobierno en equivocarse en sus continuos cambios en el objetivo de precios, hasta el punto de que en la última revisión lo había situado en el 2,4% anual. El más grave es que el mal comportamiento de los precios en España sitúa a la economía ante riesgos que parecían olvidados, como el de quedar atrapada en una espiral inflacionista. Durante los últimos tres años, los trabajadores tenían la expectativa de una inflación descendente que les animaba a pedir aumentos salariales moderados; ahora, por primera vez en la legislatura, se enfrentan a aumentos de los precios que pueden destruir las modestas ganancias de poder adquisitivo y favorecer una escalada de subidas salariales que rompa el precario círculo virtuoso que sostenía los fundamentos de la economía.El Gobierno, fiel a su estilo de echar la culpa al empedrado cuando vienen mal dadas, ha encontrado en el aumento del coste del petróleo el chivo expiatorio ideal para explicar el descontrol de los precios. El problema es que la excusa, siendo cierta, no refleja toda la verdad. Es evidente que el encarecimiento del crudo ha elevado la inflación en España, como en toda Europa. Pero con diferencias sustanciales. Mientras Alemania o Francia han bajado su tasa de inflación descontados los precios energéticos en el último año -del 0,67% interanual en enero al 0,19% en diciembre y del 0,71% al 0,60%, respectivamente-, en España la inflación también habría aumentado sin el impacto del petróleo. Concretamente, del 2,06% al 2,3%. Es decir, el Gobierno está utilizando la excusa del crudo para encubrir un problema muy serio de inflación, cuyas causas no hay que buscar sólo en el encarecimiento de los precios exteriores, sino en la persistencia de mercados rígidos en los bienes y servicios públicos que las autoridades económicas no quieren o no pueden liberalizar de forma efectiva.
MÁS INFORMACIÓN
Un factor añadido de inquietud es la aparente frivolidad con que el Ejecutivo encara la cuestión de los precios. Mientras el IPC mantuvo una tendencia a la baja, los responsables económicos insistieron en las excelencias de la estabilidad monetaria y la prioridad absoluta de reducir la inflación. Cuando la evolución de los precios empeoró, da la impresion de que las exigencias se han relajado y que el vicepresidente económico está dispuesto a cambiar más crecimiento económico por más inflación. ¿Hasta dónde?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de enero de 2000