El juicio oral por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno el general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado hace 26 años, comenzó ayer en Buenos Aires. En el banquillo se sentó Enrique Lautaro Arancibia Clavel, el ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), la policía política del dictador Augusto Pinochet.
Las tres hijas del matrimonio Prats, María Angélica, Cecilia y Sofía, que iniciaron la investigación y presentaron la demanda ante los tribunales argentinos, dieron su testimonio en la primera audiencia, después de que los jueces tomaran declaración al único acusado que permanece en prisión.La noche del 30 de septiembre de 1974, el general Prats y su esposa regresaban a su domicilio del barrio de Palermo en Buenos Aires -donde vivían desde que habían salido de Chile tras el golpe de Estado de Pinochet en 1973-, cuando una poderosa bomba que estalló debajo del coche acabó con la vida de ambos. El pasado 4 de octubre, la Cámara Federal de Buenos Aires (el tribunal de apelaciones) rechazó un recurso de la defensa sobre la supuesta prescripción del crimen y dictaminó que se trataba de un delito de "lesa humanidad", considerado imprescriptible, y autorizó a la juez de instrucción a elevarlo a debate en juicio oral y público.
El acusado Arancibia Clavel tenía un empleo en la sede del Banco del Estado de Chile en Buenos Aires para encubrir su actividad como agente clandestino de información de la DINA, al mando del coronel Víctor Barría Barría. Su misión era informar sobre las actividades de los militantes de izquierda, estudiantes y exiliados chilenos que habían salido del país tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el Gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Durante el juicio, que se extenderá hasta fines de noviembre y para el que se ha citado a declarar a 87 testigos entre argentinos y chilenos, es probable que se pueda establecer también la responsabilidad que tuvieron en el crimen los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas argentinas, que habían elaborado junto con los ejércitos de la región la llamada Operación Cóndor para la persecución, el secuestro y el asesinato de opositores políticos y militantes de izquierda en todos los países de la región.
El ex general argentino Reynaldo Bignone, último comandante de la dictadura militar, y otros oficiales que ocupaban cargos relevantes en esa época se encuentran entre los testigos que deben hacer su declaración ante el tribunal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de octubre de 2000