Los 224 jueces de Madrid tendrán que elegir el próximo día 18 a su decano. Ya se ha abierto la carrera por el voto en un proceso electoral al que únicamente concurren con candidatos dos de las cuatro asociaciones judiciales. La principal novedad de estos comicios es que tanto la progresista asociación Jueces para la Democracia (JpD) como la liberal Unión Judicial Independiente (UJI) han renunciado a presentar candidato. Ricardo Bodas, portavoz de JpD, admite que su asociación no ha hallado a ningún juez dispuesto a disputar el primer sillón de la plaza de Castilla.
MÁS INFORMACIÓN
Desde la UJI, la juez María del Prado Torrecilla, que en un principio barajó presentar su candidatura, ha renunciado finalmente. Así pues, los dos únicos candidatos son el actual decano en funciones, Fernando Fernández Martín, que representa a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, y Francisco Racionero, ex juez de vigilancia y titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Madrid, en nombre de la moderada Asociación Francisco de Vitoria. Dos días antes de los comicios del día 18, los dos candidatos expondrán su programa en el salón de actos de los juzgados de la plaza de Castilla.
A priori, Fernández parte como favorito. La asociación que lo respalda es la que más afiliados tiene entre la judicatura madrileña. También le avala su gestión, según algunos de sus colegas. Durante su mandato, se han creado 37 nuevos juzgados unipersonales en la capital, se ha descongestionado de casos parte de los juzgados y se han reducido las esperas de los juicios. Apenas hay diferencias entre los programas de Racionero y Fernández. Uno y otro abogan por "fomentar las relaciones institucionales", mejorar los servicios comunes de los juzgados y potenciar las juntas de jueces. Uno de los puntos negros de la gestión de Fernández, según varios jueces, ha sido precisamente la ineficacia de estas juntas. El decano ha convocado muchas, pero la falta del quórum preciso (por apatía de los jueces) las ha hecho inútiles la mayoría de las veces. Las juntas sirven para que los magistrados aúnen criterios en sus actuaciones.
En el programa electoral de Fernández abundan las promesas de mejoras destinadas a sus colegas, pero apenas se citan medidas tendentes a facilitar la labor de los miles de usuarios que acuden a diario a las sedes judiciales.
La búsqueda de fórmulas para acabar con la mafia de los subasteros (los que se ponen de acuerdo para quedarse los pisos baratos que se licitan en los juzgados) ha sido una constante en la gestión de Fernández. Recientemente se celebró en Madrid la primera subasta privada de España de pisos embargados. Si es reelegido, Fernández avanza que creará una página web sobre las subastas de pisos.
Racionero también fomentará estas subastas. La antecesora de Fernández en el decanato, la juez Manuela Carmena (hoy vocal del Consejo del Poder Judicial), creó durante su mandato una oficina de quejas en los juzgados. JpD denunció que Fernández la había suprimido en sus primeros meses de gestión. El decano lo niega. Asegura que él coordina esa oficina y que personalmente responde a todas las quejas que plantean los usuarios.
Fernández afirma que las quejas han crecido en proporción a la mayor información que tienen los ciudadanos sobre la existencia de la oficina que la gestiona. En lo que va de año se han presentado 280 quejas, frente a las 188 del año pasado. Un 80% de ellas, aclara Fernández, son por disconformidad de los ciudadanos con las sentencias que les afectan. El porcentaje restante se lo reparten "la descortesía y malos modos" de los funcionarios hacia los usuarios, las deficiencias arquitectónicas de los edificios judiciales y, fundamentalmente, los "lógicos" enfados de los usuarios ante "los retrasos injustificados" en la hora del comienzo de los juicios, destaca Fernández.
"Recibo muchas quejas de ese tipo. En las juntas suelo pedir a mis compañeros que señalen menos juicios y ajusten mejor el horario para que los ciudadanos no se enfaden", afirma el juez decano. Fernández niega corporativismo en las denuncias sobre jueces y asegura que las que revisten entidad las remite a la inspección del Consejo del Poder Judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de octubre de 2000