El Gobierno asegura haberse sentido desconcertado por la multitudinaria manifestación en Zaragoza contra el trasvase del Ebro contemplado en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional. Ante la reacción masiva de los aragoneses (más de 250.000 manifestantes) puede sentirse de todo, menos sorpresa. Lo chocante habría sido que se hubieran quedado en casa ante el anuncio de que 1.000 hectómetros cúbicos del Ebro serán trasvasados cada año a diversas zonas del este y sureste español.Lo que parece unir a los manifestantes del domingo es una profunda frustración ante el tratamiento dado históricamente al problema del agua en su región. Por su territorio discurre el río más caudaloso de España, pero sus necesidades hídricas jamás han sido satisfechas, lo que sin duda constituye una de las causas de su progresivo despoblamiento. En lugar de poner fin a esta torpeza histórica, el Gobierno la reedita de nuevo. Con el Pacto del Agua suscrito en 1992 en barbecho (sigue pendiente la inversión de 200.000 millones de pesetas), el Gobierno propuso el trasvase a otras zonas de un agua que de hecho se niega a los habitantes de Aragón. Es lógico que los aragoneses consideren que, al menos en lo que respecta a ellos, se intenta resolver el problema poniendo la carreta delante de los bueyes.
Hablar en esas condiciones de que el agua es de todos -efectivamente lo es, pero en mayor medida de quienes la tienen cerca- no deja de ser una forma retórica de abordar la cuestión. Además de la irritante desigualdad de trato, los trasvases plantean un problema de fondo sobre el que apenas ha habido debate: el del modelo de desarrollo territorial en la España del siglo XXI. ¿Estamos de acuerdo los ciudadanos con un modelo de solidaridad interterritorial que suponga acelerar el proceso de desertización de ciertas zonas del centro y el superdesarrollo de las zonas mediterráneas?
Por supuesto, la solidaridad interterritorial exige atender las necesidades básicas, esencialmente de abastecimiento humano, que puedan existir en otras zonas. Pero el Plan Hidrológico Nacional va más allá del problema del reparto del agua. De cómo se haga depende la existencia de una España económicamente equilibrada o de una cada vez más dividida por desigualdades territoriales lacerantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de octubre de 2000