La Federación de Organizaciones en Favor de Personas con Retraso Mental (Feaps) ha presentado un recurso contencioso-administrativo en contra del acuerdo del Gobierno regional que establece los precios que deberán abonar las personas discapacitadas para acceder a una plaza en un centro de atención ocupacional o residencia. Hasta este año, estos servicios se ofrecían gratis en los centros públicos.
El proyecto de Servicios Sociales establece que los discapacitados deben pagar en función de la renta per cápita familiar, resultante de dividir los ingresos totales de la familia entre sus miembros. Quedan eximidas las familias cuya renta per cápita sea inferior a 40.261 pesetas mensuales. Feaps tilda estos precios de injustos, 'porque se convierten en un impuesto y no en un precio social'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de enero de 2001