La Federación de Organizaciones en Favor de Personas con Retraso Mental (Feaps) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en contra del acuerdo alcanzado con el Gobierno regional, el 13 de diciembre pasado, en el que se establecen los precios que deberán abonar las personas discapacitadas para acceder a una plaza en un centro de atención ocupacional o residencia. El proyecto de Servicios Sociales establece que los discapacitados deben pagar en función de la renta per cápita familiar, resultante de dividir los ingresos totales de la familia entre sus miembros. Quedan eximidas del pago las familias cuya renta per cápita familiar sea inferior a 40.261 pesetas mensuales. El proyecto del Gobierno afectará a alrededor de 8.500 familias.
Feaps, que agrupa a 89 asociaciones y está integrada en el Consejo de Entidades Representantes de Minusválidos de la Comunidad de Madrid (Cermi), considera esta opción injusta, 'porque se convierte en un impuesto, y no en un precio social', según explicó a Europa Press el gerente de la asociación, Matías Martínez, quien recordó que Feaps admite que los disminuidos colaboren en una futura red de atención pública, pero en función de sus pensiones, y no de la renta familiar.
1.300 millones
La Comunidad prevé recaudar unos 1.300 millones en aportaciones de los minusválidos, según Feaps. 'A nosotros no nos salen las cuentas, porque calculamos que la recaudación del Gobierno regional por precio público rondará los 3.000 millones de pesetas', aseguró el gerente de Feaps, para quien esto se traduce en 'un afán recaudatorio' de Servicios Sociales.
El recurso de Feaps es el último paso en una polémica abierta tanto entre el Gobierno y los representantes de los discapacitados como en el propio seno del Cermi, ya que otra de las asociaciones del Consejo, la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad (Famma), sí comparte la posición de Servicios Sociales 'porque permitirá que paguen más las familias que más tienen y que no paguen nada las que cuentan con ingresos mínimos'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de enero de 2001