La reunión de ayer, celebrada en el salón de actos de CC OO, supone un punto de partida en la organización no sólo de los inmigrantes ilegales ecuatorianos. Quizhpi, representante de la asociación Rumiñahui de trabajadores ecuatorianos, apuntó ayer que ya han establecido contactos con entidades marroquíes, colombianas, bolivianas y de otros países para presentar de forma conjunta sus peticiones a través de una futura Plataforma de Defensa del Inmigrante.
Las exigencias de los trabajadores se centran en lograr su regularización legal y exigir 'sensibilidad' del Gonbierno para solucionar sus problemas. Quizhpi destacó la 'situación crítica' en la que se encuentran buena parte de los 10.000 ecuatorianos de la Comunidad -5.000 de ellos en Valencia- a quienes los empresarios han cerrado las puertas por carecer de papeles tras la muerte de 12 paisanos suyos en Lorca. La portavoz del colectivo de trabajadores apuntó la 'férrea voluntad' de los reunidos ayer de seguir reivindicando su acceso al mercado laboral en condiciones a través de su organización como entidad. Para ello, ayer se establecieron comisiones de prensa, logística o finanzas, entre otras, y programaron futuras acciones que mantendrán, al menos, hasta la entrada en vigor de la reforma de la ley de extranjería, el próximo día 23. 'Más que perder no tenemos', apuntaron, 'lo peor que puede pasar es que nos expulsen'.
Por otra parte, los inmigrantes residentes en Gandia que denunciaron al empresario de la construcción Gonzalo Sanchis Martínez, directivo de la sociedad Solmur, SL, de Dénia, por abusos laborales y explotación, denunciaron ayer que han sufrido amenazas telefónicas del empresario y presiones para que renuncien a continuar el proceso judicial, por lo que temen por su integridad física. Denunciaron también a un contratista de Gandia, como intermediario en la captación de trabajadores. Sanchis Martínez fue detenido tras la denuncia y puesto en libertad tras pagar 600.000 pesetas de fianza. Los denunciantes, quince hombres procedentes de Ecuador y Colombia, permanecen sin trabajo mientras esperan la resolución del proceso judicial que se inició el pasado mes de diciembre. Según manifestaron ayer varios trabajadores, el empresario les adeuda dos millones de pesetas por el trabajo que realizaron en una obra en Pedreguer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de enero de 2001