El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia, que ya es firme, por la que condena al Departamento de Sanidad de la Generalitat a pagar tres millones de pesetas a una mujer a la que la medicina pública no diagnosticó un cáncer de mama y que pasó cuatro meses de angustia hasta que acudió por su cuenta a un centro privado. La factura fue de 800.000 pesetas y Sanidad la abonó en su día a Ángeles García Hernández, pero ahora los jueces han considerado que sufrió unos 'padecimientos psíquicos que no estaba obligada a soportar' y que se habrían evitado si los médicos hubieran actuado bien. 'Ese médico no sirve para ejercer y no quiero que otras personas pasen lo que yo pasé por su culpa', explicó ayer la mujer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2001