La Fiscalía de Menores está sumida en el caos desde que entró en vigor, el pasado día 13, la nueva Ley del Menor. Los miembros del ministerio público adscritos a la citada fiscalía se ven impotentes para cumplir el plazo de dos meses que fija la ley para regularizar la situación legal de los 830 menores de 16 y 17 años penados (ya juzgados) que había en la región antes del día 13. Y, además, ahora se están encontrando con más trabajo del que esperaban: desde los juzgados de Madrid les han llegado otros 800 expedientes de jóvenes menores de 21 años que están encausados -es decir, en libertad provisional y en espera de juicio-, cuya situación legal también debe adecuarse a la nueva ley penal.
A los fiscales les faltan medios materiales y humanos para regularizar al total de 1.630 jóvenes acogidos a la nueva ley dentro de los plazos previstos. Los nuevos funcionarios asignados a la fiscalía proceden de la bolsa de trabajo; es decir, 'carecen de experiencia y hay que enseñarles', según fuentes sindicales. También hay más fiscales, pero igualmente carecen de experiencia. A todo esto hay que unir otro escollo: las obras en la nueva sede de la fiscalía, un edificio de cuatro plantas y 2.200 metros cuadrados situado en la calle del Bambú, siguen inconclusas. De ahí que el ritmo de las regularizaciones vaya a 'paso de tortuga', agregan estos medios.
Desde que rige la nueva ley, los fiscales sólo han podido regularizar a 20 de los 830 menores penados (ya juzgados) que había en la región. Los que sí han sido regularizados dentro del plazo de 48 horas que impuso la ley son los 33 menores de 16 y 17 años que estaban presos.
El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, vaticinó, días antes de la entrada en vigor de la ley, el caos que se avecinaba y lamentó la falta de medios para afrontar la puesta en marcha de la nueva ley.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2001